Un informe atribuido al Govern esboza el CNI catalán

Otra de espías en Catalunya que podría dejar el caso Método 3 en un juego de niños, según auguran algunos diputados de la oposición. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, aprovechó su pregunta al presidente de la Generalitat en el pleno parlamentario de ayer para destapar un informe atribuido al Govern en el que se apuntan las líneas maestras para crear una «Agencia Nacional de Seguridad», es decir, un CNI catalán. Artur Mas dijo que esa agencia «no existe» y su Ejecutivo «no ha encargado ningún informe», pero tanto Ciutadans como el PSC y el PPC desconfían de esta versión y quieren que la fiscalía lo investigue.

«Yo puedo replicar sobre cosas que existen. Sobre futuribles como este, si es que es un futurible [...], la verdad es que no me siento capaz de contestar», le replicó Mas a Rivera exhibiendo cierta improvisación, dado que en su segunda intervención describió el documento como «...cosas que no existen y que no han costado ni un euro». Llamó la atención que describiera como algo que ha salido gratis una cosa que se supone que no existe.

La reacción inmediata de los fontaneros del Govern fue especular con la posibilidad de que alguien hubiera copiado los membretes de la Generalitat y se hubiera inventado el documento. Pero más tarde, otras fuentes de la Administración atribuyeron el informe a un hacker que había trabajado para la Generalitat, Albert Gabas. Para acabar de complicar la respuesta, afirmaron que el autor actuó movido por un despecho sentimental y sin criterio. «Es una elucubración», zanjaba un cargo del Govern a media tarde.

DENUNCIA DESESTIMADA / El mes pasado, la justicia desestimó una denuncia de este informático. En ella, Gabas relataba que varios e-mails suyos enviados a altos cargos del Ejecutivo para avisar de «irregularidades» en  el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) habían sido redirigidos a terceros de forma «ilegítima». El juez, sin embargo, consideró normal que se produjera un filtrado antes de que los mensajes llegaran al destinatario final.

El informe en cuestión, estructurado como un Power Point, consta de 39 páginas. Bajo el título Agència Nacional de Seguretat, cuenta con los membretes del CTTI y el Cesicat, organismo dependiente de la Conselleria d'Empresa, de la que es titular Felip Puig. En él se relata cómo debería hacerse el despliegue de esta agencia -muy centrada en perseguir los ciberdelitos-, que debería aunar el trabajo de varios departamentos del Govern y cuyo presupuesto final ascendería a 28,9 millones de euros. Se habla de blindar tecnológicamente a los «VIPS» del Govern para garantizar la confidencialidad de sus comunicaciones y se pone sobre la mesa la necesidad de impulsar un embrión de la agencia a lo largo del 2012, lo que indica que el texto pudo haberse elaborado en la anterior legislatura, cuando Puig estaba al frente de la cartera de Interior y el titular de Empresa era Francesc Xavier Mena.

Entre otras cuestiones, el documento subraya que se necesitarían 306 trabajadores (presumiblemente mossos), propone establecer lazos con Israel y se plantea ubicar su sede en la central del 112. Un nivel de detalle que, para algunos grupos de la oposición, demuestra que la iniciativa no es una «quimera», como le respondió Mas a Rivera después de que este le acusara de mentir y le exigiera «la dimisión del conseller que haya impulsado un informe ilegal porque la Generalitat no tiene competencias» para crear el organismo.

IR A LA FISCALÍA / Tras conocer la reacción del Govern calificando de falso el documento, la respuesta del PPC fue clara: si así lo cree el Ejecutivo de CiU, que lleve el caso a la fiscalía. Los populares así lo harán, pero en su caso, para que el Ministerio Público investigue qué sucede con el Cesicat, según anunció Alicia Sánchez-Camacho. A la líder de los populares no le agradó que Mas se fuera por la tangente y respondiera a la polémica criticando al CNI, al que acusó de actuar en algunos casos de forma «ilegal e inmoral», en referencia a los documentos elaborados por esta agencia en los que se apuntaba que el líder de CiU y la familia de Jordi Pujol tenían cuentas en Suiza.

Quien ya ha ido a la fiscalía es el PSC, que el martes presentó una denuncia contra el Cesicat por presunta revelación de secretos y vulneración de la intimidad en supuestos seguimientos a activistas y periodistas a través de las redes sociales.