El Govern mantiene la hoja de ruta soberanista pero evita hablar de desobediencia

Poco después de que cuatro secretarios judiciales del TSJC notificaran personamente al 'president' y a los 'consellers' la resolución del Constitucional que les advierte sobre las consecuencias incluso penales de mantener la desobediencia, el Govern mantuvo su estrategia pública, consistente en seguir la hoja de ruta soberanista. Sin renuncias, preparando el terreno, pero tampoco sin exhibir nuevos desafíos explícitos al orden constitucional que el Gobierno del PP invoca a cada paso soberanista del Parlament.

En un tono muy medido, la 'consellera' de Presidència y portavoz, Neus Munté, se mantuvo en todo momento en la línea de "la obediencia del Govern al mandato de las elecciones del 27-S y las resoluciones que emanan de un Parlament con una sólida mayoría que avala una hoja de ruta". Y añadio: "somos partidarios de seguir trabajando, caminando, no dados a gesticular, sino a hacer el trabajo".

La 'consellera' también sacó una cierta conclusión positiva de lo sucedido: el Ejecutivo de Mariano Rajoy quería que el TC emprendiera ya decisiones por la vía penal. "El Gobierno del PP pretendía, me remito a palabras de la vicepresidenta, que el TC fuera más lejos de lo que ha ido". Y una vez más, el Govern se queja del papel del árbitro constitucional, al que sin embargo no renuncia a acudir como en ocasiones anteriores. "Tenemos una suspensión de las conclusiones de una comisión de estudio, el TC no es un órgano ejecutor y la Constitución no debe concebirse como un Código Penal", subrayaba la 'consellera', lamentando que el Tribunal se dedique a juzgar "opiniones y debates"

Pero esto es todo lo que da de sí la respuesta del Govern. Preguntada en varias ocasiones sobre si esta posición del Govern de Junts pel Sí significará una desobediencia explícita o dotar de fondos económicos al proceso constituyente, contra el criterio del TC, Munté se limitó a afirmar que el Govern obedece el mandato de las urnas y del plan de trabajo incorporado al programa electoral. Y sostuvo que el conflicto catalán se ha de resolver "por la vía política, democrática". Y nada más, ni especulaciones sobre si el conflicto se acelera o no.

Eso sí, en el capítulo de la polémica estrictamente política, sí aprovechó para lanzar dardos al Gobierno del PP por impedir al Partit Demòcrata (el heredero de Convergència) la obtención de un grupo propio en el Congreso. Y dardos al presidente de los populares catalanes.

EXIGENCIA A ALBIOL

"No se puede comparar un parlamento democrático que ejerce sus funciones con el franquismo, que supuso la negación de derechos y libertades, exigimos que rectifique, que se rectracte, y si no sabe más, que se documente", espetó Munté sobre a la comparación que formuló ayer el líder del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, entre el catalanismo soberanista y el franquismo.

Por otra parte, la portavoz ha afirmado que la decisión de la Mesa del Congreso de dejar sin grupo propio a la antigua CDC es "una represalia ante la votación del miércoles en el Parlament" a favor de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. "Existen informes jurídicos y precedentes que avalan el derecho de este grupo a tener grupo propio y en una clara represalia se niega este derecho", ha zanjado. Eso sí, la portavoz no quiso valorar que CDC se haya quedado sin grupo pese a ayudar al PP a disponer de mayoría en la Mesa del Congreso a cambio, supuestamente, de la obtención del grupo parlamentario.

CONTACTOS CON LA CUP

Y mientras el Ejecutivo de Puigdemont opta por la prudencia y la discreción en el flanco estatal, prepara el terreno de la cuestión de confianza. En este sentido, el Govern confirma que han existido contactos con la CUP cara a ese decisivo debate de finales de septiembre. Pero Munté evita poner fecha a una cumbre entre Puigdemont y los anticapitalistas, con quienes tiene previsto verse de forma inminente