El frente proconsulta se aferra a un escrito del fiscal del TSJC

Un informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el que, para oponerse a la pretensión del sindicato ultraderechista Manos Limpias de acusar al president Artur Mas de sedición, se menciona, entre otros argumentos, la posibilidad de «discutir razonadamente» sobre la legalidad de la consulta del 9 de noviembre fue ayer aprovechado por las fuerzas políticas partidarias del derecho a decidir para intentar desmontar la tesis de que la llamada a las urnas no cabe en el actual marco legal. El escrito advierte de que, en cualquier caso, la «discusión jurídica» sobre la legalidad de la consulta compete al Tribunal Constitucional.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, considerado un abanderado del diálogo entre administraciones, se mostró ayer convencido de que tras la argumentación de la Fiscalía del TSJC «puede haber cambios» en algunas posiciones, mientras que el secretario de organización de CDC, Josep Rull, señaló que las observaciones contenidas en el escrito con relación a la consulta van en la línea del «sentido común» que el dirigente convergente echa en falta en los postulados del PP.

También el conseller de Interior y dirigente de Unió, Ramon Espadaler, que participó en una calçotada de su partido en el Pla de Santa Maria (Alt Camp), instó a Mariano Rajoy, a «rectificar» su estrategia, porque, a su juicio, la Fiscalía ha avalado que hay margen para debatir «serenamente» sobre la consulta «dentro del ámbito constitucional».

El candidato de ERC en las elecciones europeas, Josep Maria Terricabras, consideró «normal» el contenido del escrito de la Fiscalía y recordó que la posición de su partido «no es que haya un poco de margen legal, sino todo el margen para que se pueda celebrar la consulta». Y la coordinadora de ICV Dolors Camats subrayó que el informe es «un argumento más» para defender la convocatoria del 9 de noviembre.

En realidad, y así se ha encargado de precisarlo un representante del ministerio público, la Fiscalía del TSJC no avala en su escrito la legalidad de la consulta, y, aunque recureda que en el marco constitucional «caben consultas populares no refrandarias» sobre temas de interés público, aclara que una comunidad autónoma «no puede por sí regular ni convocar un referendo.