El fiscal pedirá una fianza de 8,2 millones para Urdangarin y Torres

la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por Manos Limpias pedirán hoy al juez instructor de Palma José Castro la imposición de una fianza de 8,2 millones de euros para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres por considerar «nulos de pleno derecho» los contratos suscritos entre el Instituto Nóos, fundación sin ánimo de lucro que ambos dirigían, y los gobiernos de Valencia y Baleares durante los mandatos de Francisco Camps y Jaume Matas. La cuantía, con la que deberían resarcir el daño causado a las arcas públicas en el caso de ser condenados, resulta de sumar todo el volumen contratado más un tercio.

Tanto el ministerio público como la acusación popular consideran una segunda opción. En el caso de que se dieran por válidos los contratos, solicitarán de forma subsidiaria una fianza inferior, próxima a los 6 millones de euros. Esta segunda cifra se corresponde con las cantidades facturadas por conceptos falsos o hinchados que el duque de Palma y su socio habrían desviado hacia su entramado societario, según indicaron fuentes de la investigación.

En el supuesto de que no se haga efectiva la fianza, la justicia procedería al embargo de bienes de ambos. En los años de bonanza de sus negocios, tanto Urdangarin como Torres adquirieron media docena de pisos. El duque de Palma llegó a comprar una lujosa vivienda en Pedralbes y tuvo de compañera de operaciones, a través de la sociedad Aizoon, a su mujer, la infanta Cristina, que ha quedado orillada en la causa.

COMPLEJO SISTEMA / Entre el 2003 y el 2007, los ejecutivos de Camps y Matas, además del Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Rita Barberá, a través de diversos organismos públicos, firmaron contratos por valor de 5,8 millones de euros con la fundación sin ánimo de lucro. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach sostiene que los convenios suscritos no respetaron los principios de legalidad propios de la Administración pública y que buena parte de los fondos obtenidos acabaron en los bolsillos de Urdangarin y Torres a través de un complejo sistema de facturaciones cruzadas con sociedades mercantiles controladas por ellos.

Manos Limpias, que cifra la fianza entre 8,18 y 5,9 millones de euros, expone en su escrito que Urdangarin se aprovechó de su «condición de miembro de la Casa Real» para contactar con «personalidades políticas de primer orden», tanto de Valencia como de Baleares, para proponer sus proyectos y conseguir que fueran aprobados. El escrito de la acusación también denuncia la puesta «en funcionamiento del mecanismo administrativo tendente a intentar vestir el santo, es decir, intentar dar una cobertura de aparente legalidad a una ilegalidad manifiesta que era la adjudicación directa y sin respetar ni una sola de las normas de procedimiento administrativo», al acceder a «todas las peticiones» del duque de Palma y canalizarlas a través del Instituto Nóos.