Un excargo de GISA admite que aceptó un soborno

El exalto cargo de la empresa pública GISA (en la actualidad Infraestructures de Catalunya) tanto en la etapa de CiU como con el tripartito Jordi Vergé ha aceptado una pena de 16.000 euros de multa por haber percibido 35.000 euros en diciembre del 2010 de los directivos de una empresa constructora, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. La defensa de este directivo y de los dos ejecutivos imputados ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Barcelona, que a finales del pasado octubre presentó en el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona, (que ha investigado el caso), el escrito de conformidad donde los implicados reconocen los hechos. En este asunto, Infraestructures-GISA ejerce la acusación particular.

Las mismas fuentes aseguraron este jueves a este diario que los dos directivos de la constructora Rubau Tarrés, Joan Mozo y Josep Rubau, también han aceptado penas de multa de 10.000 y 33.000 euros, respectivamente. Asimismo, el fiscal Fernando Maldonado recoge en su escrito de conformidad el decomiso de los 35.000 euros objeto del cohecho ahora confesado. Para una cuarta persona encausada, la acusación pública reclama el archivo del proceso. El exalto cargo de GISA y los empresarios han admitido la comisión de un delito de cohecho, aunque en diferentes modalidades. El juez ya ha acordado la apertura de juicio oral para los imputados y ha remitido el caso a la sala del jurado para que señale el día que los acusados deberán ratificar la conformidad.

DESPEDIDO

Estas diligencias judiciales tramitadas por cohecho pertenecen a una pieza separada del proceso abierto por las supuestas irregularidades detectadas en febrero del 2011 en la concesión de obra pública en la provincia de Girona en la etapa del tripartito. Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo a Vergé, que ocupaba el cargo de gerente de obras de carreteras en Girona. El imputado era un técnico que estaba empleado en GISA desde hacía, al menos, dos décadas. Este directivo fue despedido al estallar el escándalo. Los investigadores llegaron a registrar entonces la sede de la compañía en Barcelona y requirieron todos los expedientes de adjudicaciones de trabajos en carreteras llevados a cabo entre el 2007 y el 2009.

En la causa figura una conversación telefónica entre Vergé y Mozo, consejero de la empresa Rubau Tarrés, que desvela que ambos se reunieron en un aparcamiento de Barcelona para la entrega de una comisión al alto cargo de GISA, que fue más baja de lo acordado. Vergés solo recibió 35.000 euros de los 60.000 pactados. "Escucha, tú, eso no es lo que dijiste, ¿eh? Aquí hay una confusión", le dijo el entonces cargo de GISA a Mozo.

Este llamó entonces al presidente de la constructora, Josep Rubau, que al conocer la situación replicó: "Yo los conté, pero déjame que lo mire. Tranquilo, no pasa nada, tú". Rubau Tarrés, situada en Verges (Baix Empordà), es una importante constructora fundada en 1971 y especializada en obra pública.