'COMISIÓN PUJOL'

Camacho afirma que no denunció las revelaciones de La Camarga porque eran "vaguedades"

Alicia Sánchez-Camacho, durante su comparecencia ante la 'comisión Pujol', este viernes.

Alicia Sánchez-Camacho, durante su comparecencia ante la 'comisión Pujol', este viernes. / periodico

JOSE RICO / RAFA JULVE / BARCELONA

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La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado ante la comisión de investigación del 'caso Pujol' que no denunció los hechos que le confesó María Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, en su almuerzo de La Camarga porque sus abogados concluyeron que eran solo "vaguedades" y que carecían de pruebas. Una tesis que ha tratado de reforzar subrayando que tanto la Oficina Antifrau como el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz han concluido que aquella conversación no es suficiente para imputar delitos. La líder popular ha explicado que fue Jorge Moragas, actual jefe de gabinete del presidente Mariano Rajoy, quien le puso en contacto con Álvarez porque estaba interesada en "colaborar" con el partido, y ha negado que tuviese conocimiento de que conversación estaba siendo grabada. "No tenía ni idea. De haberlo sabido, no hubiera hablado de ningún policía, ni de ningún fiscal, ni de terceras personas, ni de asuntos personales. Lo repetiré hasta que me muera", ha justificado.

Preguntada por si le consta quién encargó el espionaje de la cita, Camacho ha distinguido en todo momento entre la orden de grabar la conversación, que ha atribuido exclusivamente a la agencia de detectives Método 3, y la difusión de la cinta, sobre la que ha apuntado que tiene "alguna ligera idea o percepción" de quién pudo hacerla pública, pero ha evitado dar nombres alegando que se trata de una sospecha personal. De hecho, ha sugerido que "muchísima gente" podría estar enterada de la celebración de la reunión porque su agenda "es pública". Y ha defendido, a preguntas del diputado de Ciutadans Carlos Carrizosa, que si renunció a emprender acciones penales para esclarecer de dónde partió el encargo fue porque lo consideraba "desproporcionado" cuando ya se conocía el responsable del espionaje, Método 3, soslayando con ello una posible responsabilidad política.

"Me doy por satisfecha con la asunción de la responsabilidad civil por parte de Método 3. Además, tuve el convencimiento de que nunca llegaría a saber quién y por qué difundió aquella grabación, aunque tengo alguna impresión de quién pudo haber sido", ha afirmado Camacho en respuesta a la diputada de la CUP, Isabel Vallet. La misma parlamentaria le ha preguntado directamente si cree que el responsable del encargo fue José Zaragoza, exsecretario de organización del PSC, a lo que la líder del PPC se ha limitado a reiterar que no lo sabe. Lo que sí ha dado por seguro es que la grabación del almuerzo que los diputados escucharon el pasado martes a puerta cerrada estaba manipulada porque contenía "fragmentos editados en los que se habían cambiado el orden de las respuestas". "La única conversación real es la que obra en poder de la justicia", ha garantizado pese a reconocer que no la ha escuchado.

Especialmente tenso ha sido el careo con la diputada de CiU Meritxell Borràs, que por un día ha mostrado un tono incisivo y contundente, a diferencia del perfil bajo y superficial con el que ha interrogado en sesiones anteriores a la familia Pujol y a dirigentes de CDC. En este caso, Borràs ha llegado a acusar a Camacho de "encubrir delitos" por no denunciar los hechos y ha exigido a la presidenta del PPC que diga el nombre del "fiscal de confianza" del que habla en la grabación de La Camarga. "Ha actuado como una fuente más de las cloacas del Estado", ha reprochado la diputada nacionalista. "No he hecho ningún pacto de silencio. Ha habido un asentimiento judicial de que la grabación era ilícita", ha defendido la líder del PPC.

Otro intercambio dialéctico duro se ha producido con el diputado de ERC Oriol Amorós, que ha acusado a Camacho de ser "cómplice de los Pujol" por conocer de boca de Álvarez las presuntas corruptelas del primogénito y no haberlas denunciado porque prefirió "beneficiarse políticamente" de esa información. La presidenta del PPC ha replicado que a ella no se le puede imputar ninguna práctica corrupta porque siempre ha actuado de acuerdo con la ley. Al diputado del PSC Jordi Terrades, que también le ha preguntado por qué no denunció las revelaciones de Álvarez, la líder del PPC ha recordado que exdirigentes de ERC, como Josep Lluís Carod-Rovira y Joan Puigcercós, también han admitido que eran conocedores de informaciones sobre comisiones ilegales que no denunciaron. Por el mismo flanco ha atacado el diputado de ICV-EUiA Joan Mena: "Nunca sabremos quién lo hizo porque usted no ha querido que se sepa".

Ha tenido que ser durante el interrogatorio de los grupos parlamentarios cuando Camacho ha empezado a dar algunos detalles sobre el citado almuerzo, que protagoniza la sesión de este viernes de la 'comisión Pujol' pero sobre el que la dirigente del PPC ha pasado de puntillas en su intervención inicial, que ha preferido dedicar a reprochar al resto de partidos su "frivolidad política" y su "obsesión con el PPC. Ha acusado a la mayoría de fuerzas políticas de forzar su comparecencia con la única finalidad de "tapar el verdadero objetivo de la comisión, que es esclarecer la evasión fiscal y el origen de la fortuna de la familia del expresidente de la Generalitat".

La líder de los populares catalanes ha denunciado "injurias y vejaciones" hacia su persona y hacia su partido a raíz de la grabación del citado almuerzo, efectuada por la agencia Método 3. "¿Pueden explicar por qué soy yo la única persona que ha comparecido por el espionaje político?", se ha preguntado Camacho tras enumerar una larga lista de cargos políticos que fueron supuestamente espiados por la misma agencia. También sobre este episodio, Camacho ha rechazado que el acuerdo al que llegó con la fiscalía para dar carpetazo judicial al caso comportase una "compensación económica".

En su estrategia de desviar la atención sobre el almuerzo de La Camarga, la presidenta del PPC se ha explayado a la hora de defender que su negativa a comparecer ante la comisión de Afers Institucionals estaba sustentada en un informe de los servicios jurídicos del Parlament que concluía que su testimonio no se correspondía con las competencias de dicha comisión.