Un asesor de Pujol y el exsuegro del hijo mayor se niegan a hablar

Acabado el desfile de la familia Pujol por la comisión de investigación parlamentaria derivada de su supuesto "legado", este lunes les tocaba el turno a dos miembros de su entorno: Joan Anton Sánchez Carreté, asesor fiscal del expresidente de la Generalitat desde 1984 y de otros miembros del clan desde el 2014, y Ramon Gironès Pagès, quien además de ser el padre de Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en relación a los supuestos asuntos turbios que salpican al primogénito del fundador de Convergència. En esta ocasión, tanto uno como el otro rechazaron declarar. Sánchez Carreté se escudó en que no puede revelar secretos fiscales de sus clientes, mientras que Gironès alegó que le hubiera gustado hablar pero que no lo hacía porque está siendo investigado por la justicia.

Pese a que los dos comparecientes guardaron silencio, el comportamiento de ambos fue muy distinto. Gironès soportó estoicamente, mirando a los ojos a los diputados, todas las preguntas. Especialmente las referentes a los negocios de su exyerno y las que le recordaron lo que él mismo explicó en noviembre en la Audiencia Nacional: que era cierto que pidió una comisión por intermediar en una operación urbanística en L'Hospitalet de Llobregat, una acción que le reportó 300.000 euros pero en la que, según él, no participó el exmarido de su hija. En el juzgado, Gironès, que fue director de Servicios en el Ayuntamiento de Barcelona, reconoció también que pidió "por elegancia" que la factura la pusieran a nombre de su mujer, Mercè Riera, puesto que él trabajaba en la Administración.

"ME HA GUSTADO MUCHO"

"Les felicito porque me han gustado mucho", se despidió Gironès como agradeciendo el respeto con que le había tratado la comisión pese a su silencio. Todo lo contrario que Sánchez Carreté, quien ninguneó con sus gestos a unos diputados que le recordaron sus dos condenas por fraude y otros asuntos de corrupción. En la primera se le sentenció a dos años de cárcel y al pago de 1,2 millones a Hacienda por los beneficios que obtuvo como intermediador en la compraventa de dos centrales hidroeléctricas, pero el Gobierno del PSOE le indultó en el 2009 y redujo la pena a la mitad. En la segunda, se le condenó a dos meses de arresto domiciliario por el 'caso Hacienda', asunto relacionado con sobornos a inspectores.

"Esto parece la checa [los interrogatorios sumarísimos de los republicanos en la guerra civil]", fue lo único que lanzó Sánchez Carreté. El compareciente --que ante el juez Ruz sí habló como testigo en noviembre y dijo que desconocía lo del "legado" hasta días antes de la confesión de Pujol-- se pasó la sesión consultando el móvil, mirando al horizonte, garabateando en un papel y prestando cero atención a los diputados.

Estos, enojados, le insistieron en que su citación iba más allá de su papel como asesor del 'expresident' y dejaron constancia de que su nombre apareció en la 'lista Falciani': 950.000 euros en Suiza. "¿No sería usted el testaferro de los Pujol?", le espetó Marc Vidal (ICV-EUiA). De nuevo, a Sánchez Carreté le faltó silbar. Pero no se salió de rositas: a propuesta de ERC, los grupos acordaron que vuelva a comparecer para responder sobre cuestiones de fraude fiscal y corrupción, al margen de sus labores con los asuntos económicos domésticos de Pujol.