CiU reconsidera su veto a algunas comparecencias en la comisión de investigación

CiU ha reconsiderado este lunes su veto a algunas de las comparecencias solicitadas por la oposición en la comisión de investigación sobre el 'caso Pujol', dando luz verde con su abstención a la lista conjunta de ERC, ICV-EUiA, C's y CUP que incluye a los expresidentes Felipe González y José María Aznar.

La comisión de investigación sobre el fraude y la evasión fiscal y el 'caso Pujol', que ha arrancado este lunes en el Parlament, ha votado una ampliación de las comparecencias aprobadas inicialmente y que habían sido rechazadas por CiU y PSC, por lo que finalmente ha aceptado tanto la lista conjunta de los mencionados partidos como los nombres propuestos por CiU y por separado por ICV-EUiA y Ciutadans.

La única comparecencia que no ha prosperado es la del presidente de la Generalitat, Artur Mas, al votar en contra tanto CiU como ERC, aunque sí que ha salido adelante la de Felip Puig como 'exconseller' y responsable de una cuarentena de exaltos cargos dentro de la Administración de la Generalitat.

CiU y PSC han rechazado las acusaciones de "pacto de silencio" vertidas por parte del resto de grupos, y esta tarde ambos no han vetado la lista conjunta, aunque los socialistas han votado en contra, junto al PPC, de las comparecencias de los expresidentes.

La lista conjunta incluye dos altos cargos de gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el extesorero de CDC Daniel Osàcar, el expresidente de la Fundación Orfeó Català, Félix Millet, los empresarios Javier de la Rosa y Fidel Pallerols, y el exjuez Lluís Pascual Estevill.

También han sido aprobadas las propuestas de CiU que incluyen nombres de exaltos cargos de ERC, PSC e ICV-EUiA como el exvicepresidente del gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira (ERC), y exdirectores de empresas públicas de la Generalitat.

Con estas comparecencias aprobadas la lista aumenta de 140 a 180 personas, algunas de ellas en calidad de expertos, y el primero de los cuales en personarse ante la comisión ha sido esta tarde el coordinador del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda en Catalunya, Miguel Ángel Mayo.

Mayo ha apuntado que el fraude fiscal representa casi el 25% del PIB catalán, y ha asegurado que si existe "voluntad" se puede acotar, aunque reconoce que "todo falla en cascada". Durante su intervención, ha recalcado que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universitat Rovira i Virgili (URV), el fraude y la evasión fiscal en Catalunya representa el 24,6 % de su PIB, es decir, entre 16.000 y 18.000 millones de euros anuales: "uno de cada cuatro euros escapa al control fiscal", ha precisado.

Miguel Ángel Mayo, que ha detallado el "perfil" del evasor fiscal y del político corrupto, las motivaciones por las que actúa ilícitamente y los mecanismos que emplea, ha asegurado que si existe la "voluntad de acotar y sancionar" la evasión y la corrupción será "posible", pese a reconocer que "evidentemente, algo falla".

No ha concretado medidas para hacer frente a esta problemática, pero sí ha dicho que no se trata de "controlar" a las instituciones, sino que las que existen "velen" por los intereses públicos frente a un fraude fiscal que en el 72% de los casos, ha dicho, "lo cometen los grandes patrimonios y corporaciones" empresariales.

Ha criticado también la "miopía" de la Agencia Tributaria, que destina, ha dicho, el 80% de efectivos a investigar a los pequeños contribuyentes y no a las grandes empresas, a pesar de que estas producen el 72% de los casos de fraude. También ha apuntado que la Agencia Tributaria actúa de forma "autocomplaciente" porque se conforma con obtener unos 8.000 millones de euros como resultado de la lucha contra del fraude, que es muy inferior al fraude estimado".

Entre los indicadores del volumen de fraude, ha mencionado la excesiva tenencia de billetes de 500 euros, y ha apuntado que "España es el país de la UE con un volumen mayor, y esto es un gran indicador, porque equivaldría a decir que cada ciudadano tiene siempre dos billetes de 500 en la cartera y puesto que la mayoría no los tenemos, alguien los tendrá".

Ha apuntado que, aunque actualmente Andorra no está considerada como un paraíso fiscal "porque tiene convenios de intercambio de información", en la práctica "existen ciertas restricciones" que dificultan obtener datos.