EL PULSO SOBERANISTA
El Parlament alega al TC que la declaración de ruptura no tiene efectos jurídicos
"Es un acto parlamentario de estricta naturaleza política", aduce el tribunal para solicitar que no impugne el texto
Una declaración política sin efectos jurídicos. Este es el principal argumento al que se aferra el Parlament para solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que no declare inconstitucional la declaración de ruptura con España aprobada el pasado 9 de noviembre. En su escrito de alegaciones tras la suspensión del texto, la Cámara catalana defiende que la resolución es "un acto parlamentario de naturaleza estrictamente política" que manifiesta una "voluntad parlamentaria basada en el principio democrático y en el ejercicio del pluralismo político". En consecuencia, según el Parlament, nada de lo que se expresa en la declaración puede vulnerar la Constitución ni el Estatut.
"La resolución no tiene los elementos necesarios para ser objeto idóneo de un proceso jurisdiccional de inconstitucionalidad y solo puede ser considerada como una declaración mediante la cual el Parlament de Catalunya manifiesta una voluntad política que, en sí misma, no puede conculcar el marco constitucional y estatutario, ya que este no prohíbe la expresión y la defensa de proyectos políticos no coincidentes con la Constitución", sostienen los juristas de la Cámara en sus alegaciones cuya presentación fue aprobada por la Mesa con los votos a favor de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot y la oposición de Ciutadans y el PSC.
El Parlament también subraya que la resolución independentista "ha sido adoptada en el ejercicio de la función de impulso de la acción política y de gobierno", que expresa "el contenido del mandato político adquirido por los grupos parlamentarios que han ejercido la iniciativa [Junts pel Sí y la CUP]", y que este mandato "se fundamenta en los programas electorales sometidos al libre ejercicio democrático del derecho fundamental de participación política".
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Por ello, el legislativo catalán pide al TC que rechace la demanda del Gobierno de Mariano Rajoy. "A nadie se escapa que una progresiva ampliación del control judicial sobre el poder político entraña el riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por el Gobierno de los jueces". Y cuestiona el "solapamiento" del alto tribunal sobre la cámara catalana puesto que el Parlament "goza de una legitimidad democrática que no es equiparable a la legitimidad del Tribunal Constitucional".
Asimismo, la cámara catalana sostiene que esta declaración carece "de fuerza legal de obligar y tampoco puede desplazar o anular, por sí misma, la aplicación del principio de legalidad al que están sujetos el Gobierno y los ciudadanos". Por tanto, afirman que este tipo de actos parlamentarios se limitan a manifestar "una aspiración o deseo" que se mueve "en el marco de la relación política entre el Parlament y el Gobierno o en el de la expresión de una voluntad dirigida a los ciudadanos".
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