La jueza Alaya impone una fianza civil de 29,5 millones a Magdalena Álvarez

La jueza del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones de euros a la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía Magdalena Álvarez, a la que considera una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década. La jueza entiende, además, en un nuevo auto que cabe deducir "la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan".

En el auto, notificado este miércoles a las partes, la jueza de los ERE también fija la fianza para dos exaltos cargos de la Junta. Se trata del viceconsejero de Economía entre 1990 y el 2004 José Salgueiro Carmona, para quien fija una cantidad de 22.176.096,89 euros, y el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez, que estuvo al frente de este departamento entre los años 2000 y 2004, quien deberá hacer frente a 8.870.438,76 euros.

La declaración de Álvarez se produjo el pasado mes de octubre, cuando fue imputada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Audiencia de Sevilla anuló el auto de imputación dictado por Alaya al considerar que carecía de motivación suficiente para inculparla, por lo que la jueza volvió a dictar días después un nuevo auto. La exministra volvió a los juzgados sevillanos en noviembre, donde insistió en su inocencia y ciñó toda responsabilidad en el caso a la consejería de Empleo. Solo el sindicato Manos Limpias pidió entonces una fianza civil, que cifró en 125 millones.

Cálculo a "grosso modo"

Fuentes judiciales han explicado que la instructora ha calculado la cantidad de la fianza a "grosso modo", y que los 29,5 millones de euros corresponderían por tanto a una parte de las ayudas directas y prejubilaciones concedidas por la Junta de Andalucía mientras Álvarez estuvo al frente de la Consejería de Economía y Hacienda más el correspondiente tercio legal.

En este sentido, el auto de la jueza insiste en que el método de las transferencias de financiación --el sistema usado para poder pagar las ayudas sin publicidad y al margen de cualquier control o fiscalización-- era "legalmente inadecuado" y vulneraba por tanto el procedimiento establecido para ello, las subvenciones excepcionales. Así, Alaya considera a Álvarez artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre el 2000 y el 2011.

La juez detalla el 'modus operandi'. En los primeros años, el procedimiento se dotó mediante modificaciones presupuestarias y, a partir del 2002, se normalizaría incluyéndolo en los Presupuestos regionales a través de la famosa partida 31-L, denominada "fondo de reptiles" por quien fuera exdirector general de Trabajo de la Junta y considerado principal implicado en la trama, Francisco Javier Guerrero. Según Alaya, el uso "arbitrario" y "desmesurado" de los fondos públicos acabó generando graves déficits presupuestarios, de 131 millones solo entre los años 2003 y 2004.