Urnas renovables y arbitrajes perdidos

Curioso país en el que nos ha tocado vivir. Se montan polémicas y batallas legales sobre cuestiones muy simbólicas y se pierden guerras en temas mucho más reales, caros y con efectos sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. El último ejemplo de este contraste lo vivimos el pasado viernes. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aquel que con su hablar parece salido de una novela de caballeros y truhanes, --"par diez repartid esas viandas entre vuesas mercedes",  podría ser una de sus frases, después de explicar que España puede evitar la “zozobra” si se aprueban los Presupuestos--, advirtió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de que la fiscalía podría actuar contra las empresas que acepten el encargo del Govern de la Generalitat de fabricar 8.000 urnasGovern Generalitat urnas para un posible referéndum. Unas urnas que, de hecho, pueden dedicarse a cualquier tipo de consulta legal que convoque  el Consell Executiu o a renovar el parque de estos recipientes dedicados a facilitar la auscultación de la opinión pública. Y que, según los cálculos de algunos fabricantes de cajas de metacrilato pueden llegar a costar en total, según la calidad, hasta unos 400.000 euros. Muchos menos, si se opta por urnas de cartón.  

Una cifra que queda muy lejos de los 128 millones de euros, más intereses, que deberá pagar España a dos firmas internacionales que invirtieron casi 1.000 millones de euros en plataformas de energía termosolar contando amortizarlas con la venta de la energía al precio subvencionado al que se comprometió pagar el Gobierno en el 2007 y que en el 2013 y 2014 decidió recortar sin respetar los plazos fijados. La Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, más conocida como Ciadi, dio la razón parcialmente a la compañía internacional y al fondo de inversión que le apoyó, precisamente el mismo día que Méndez de Vigo apelaba al respeto a la legalidad para tratar de impedir la fabricación de urnas para votar.

El Ministerio de Industria fue raudo y veloz, utilizando terminología del portavoz del Gobierno, en emitir un comunicado cuyo principal objetivo era intentar dejar claro que ese arbitraje era un caso aislado, que “solo” costaría 128 millones, y no los 300 que reclamaban las compañías demandantes, y que no se ponía en cuestión la reforma eléctrica. Es su interpretación. Veremos si coincide en la de los otros litigios que tiene pendientes de resolución el Ciadi, casi una trentena, que podrían acabar costando a España una factura de cientos de millones de euros, si se mantiene la línea del laudo del viernes. En este caso, sería un nuevo éxito de la interpretación del concepto de legalidad que tiene este Ejecutivo y que ya está costando muy caro a las arcas públicas.