La Moncloa pone sobre aviso a las empresas que fabriquen urnas para el Govern

El Gobierno y el PP recordaron este viernes que el Tribunal Constitucional ya advirtió en febrero en un auto de que actuará no solo en contra de cualquier paso de la Generalitat encaminado a celebrar el referéndum, sino también en contra de las empresas que colaboren para alcanzar ese fin. Tanto la Moncloa como el partido conservador pusieron el foco sobre ellas horas después de que el Ejecutivo catalán anunciara que tiene intención de licitar la compra de 8.000 urnas para la consulta. Si ese "anuncio del anuncio", apuntó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, se traduce en "hechos", la fiscalía actuará.

Méndez de Vigo subrayó que el Constitucional citó en su resolución a "dirigentes políticos", "funcionarios" y también a "las empresas". Un mensaje que también reforzó el PP por boca de su líder catalán, Xavier García-Albiol. "Tendrán graves problemas con la justicia" si participan en la organización del referéndum, avisó. "Deben pensar muy seriamente en no dar más pasos adelante", reclamó Méndez de Vigo, que aseguró que este tema no había estado sobre la mesa de la reunión del Consejo de Ministros. 

ILEGALIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL

En respuesta a esas advertencias, fuentes de la Presidència de la Generalitat aseguraron que quien puede acabar cometiendo una ilegalidad es el Estado, ya que promover un concurso para comprar urnas es una acción "absolutamente legal". En este sentido, en el Govern recuerdan que el procedimiento anunciado (el de un acuerdo marco que actúa como preselección de empresas) es habitual en el día a día de la Generalitat para agilizar determinadas compras.

Eso sí, el Ejecutivo de Junts pel Sí evitó afirmar que las urnas servirán para votar sobre la independencia. Lo demostró la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, al confirmar que su departamento hará el encargo de las urnas. "Somos competentes en materia de elecciones y consultas, es lógico que queramos disponer de los elementos necesarios para tirar adelante estos procesos", dijo. Y al preguntarle directamente si el material que se adquiera se usará para la consulta soberanista, Borràs se limitó a recordar que el Govern tiene un compromiso con el referéndum, pero no afirmó que este encargo sea específicamente para tal objetivo. Borràs simplemente informó de que se encargarán 8.200 urnas de metacrilato (pensadas para procesos electorales) y 4.000 de cartón para procesos participativos.

¿DESLIZ DE JUNQUERAS?

Borràs fue prudente en sus comentarios y valoraciones sobre la licitación y el referéndum. En cambio, el vicepresidente del Govern, 'conseller' de Economía y líder de ERC, Oriol Junqueras, sí que vinculó el jueves directamente ambas cuestiones. Desde Nueva York, en su penúltimo día de viaje oficial, aseveró que las urnas encargadas son "la prueba definitiva del compromiso del Ejecutivo con el mandato democrático recibido para organizar un referéndum". Ante el posible alcance jurídico de esas palabras, Junqueras se debió de arrepentir de lo dicho y horas después, ya el viernes, introdujo un relevante matiz. Ya no habló con tanta claridad del fin último del encargo y declaró que la Generalitat "se prepara para cualquier contingencia" y que eso significa que debe estar dispuesta a "hacer frente" a las posibles necesidades, en forma de "múltiples convocatorias electorales" que pudieran darse, informa Xabier Barrena.

ÚNICO APOYO DE LA CUP

En un sentido crítico con la decisión del Govern se manifestaron el PSC y Ciutadans, recordando que el referéndum es ilegal. El primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, pidió a Carles Puigdemont que se abstenga de "preparar actividades ilegales", pues recalcó que, indistintamente de si compra o no urnas, la Generalitat "no tiene competencias para convocar, organizar ni celebrar un referéndum".

Lluís Rabell, de Catalunya Sí que es Pot, calificó de "anecdótico" el encargo e insistió en pedir el aval al referéndum de la Comisión de Venecia, un órgano del Consejo de Europa compuesto por juristas. Solo la CUP aplaudió la medida porque supone ir concretando la convocatoria, pero insistió una vez más en que se fije la fecha y la pregunta del referéndum.

"A esto yo le llamo tirar el dinero público, y este se debe dedicar a invertir en gastos que sirvan para resolver los problemas que tienen los catalanes", se quejó el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo.