Más transparencia en la salud

Las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud, médicos y enfermeras se han deteriorado mucho desde el principio de la crisis. No solo se les ha reducido el salario considerablemente sino que, además, en algunos casos se les envía a plantas que no son su especialidad porque no se pueden cubrir las bajas, deben atender más pacientes por hora, disponen de menos recursos materiales para tratarlos, etc. En definitiva, nuestros profesionales de la salud trabajan bajo una presión mucho mayor que no hace unos años.

Paralelamente, los ciudadanos experimentamos como la calidad del servicio público se ha dañado y, seguramente, una de las pruebas más evidentes es el alargamiento de las listas de espera, que causa angustia en pacientes y familiares y amenaza nuestro nivel de bienestar. Hay que recordar que las listas de espera de los que deben ser operados en Catalunya de una afección no urgente incluían 181.559 personas el 31 de diciembre de 2013, un incremento de 28.000 enfermos más que en 2010.

En el ámbito de pruebas complementarias, 110.000 pacientes esperan acceder a una prueba diagnóstica tecnológica, entre las que destacan las 23.000 que necesitan una tomografía axial computerizada (TAC), las 9.200 que esperan una colonoscopia o las 5.544 que esperan una endoscopia esofagogástrica. Un total de 10.200 necesitan un ecocardiograma y 10.509 una ecografía abdominal.

La situación de nuestra sanidad, pues, es preocupante. Y, sin embargo, el origen de esta dificultad no es que se haya privatizado la sanidad sino que, en primer lugar, podemos destinar menos recursos. Pese a que el Parlament de Catalunya ha decidido asignar este 2014 el 40% del presupuesto de la Generalitat en la sanidad (4 puntos más que en 2010), en cifras absolutas esta partida ha caído un 15,6%. La causa principal de la situación difícil que viven nuestros profesionales y nuestros pacientes, pues, es la falta de financiación, directamente atribuible al déficit fiscal y los impagos de miles de millones de euros por parte del Gobierno español. Las cifras son tan escandalosas que es inevitable e imprescindible subrayar el auténtico origen de nuestros males.

Asimismo, si hay que reducir aún más los salarios, debería hacerse en los tramos más elevados, en los altos directivos. Esto podría servir, aunque fuera marginalmente, para aumentar los recursos destinados a la atención a los pacientes. Como siempre decimos desde ERC, en este momento de máxima dificultad, debemos pedir un esfuerzo a los que más tienen para ayudar a los que más lo necesitan.

En segundo lugar, hay otra causa que sacude el sector y la percepción que tienen los propios profesionales y usuarios: la falta de transparencia del sistema sanitario, que ha permitido que, en demasiadas ocasiones, se haya podido favorecer intereses privados en vez de priorizar el interés general. Para evitarlo, es imprescindible que CatSalut publique todos los contratos que tiene con los centros sanitarios que proveen servicios públicos. La mejor manera de acabar con las dudas respecto la asignación de recursos a la sanidad es que todos puedan fiscalizar la actividad y los precios que pagamos a un hospital para todos los servicios que presta. Dicho de otro modo, los ciudadanos debemos saber qué precio paga CatSalut por una operación de rótula en cada hospital. Al mismo tiempo, es fundamental analizar los resultados de las actuaciones clínicas para asignar recursos a los que sean más eficientes y de los que los pacientes estén más satisfechos.

También es absolutamente necesario que los centros sanitarios que tengan buena parte de su actividad financiada por el CatSalut creen un órgano interno de control económico y financiero, que dependa directamente de la Intervención General de la Generalidad. Es la forma de asegurar que la contratación se haga con criterios independientes y, por tanto, que no se utilicen recursos públicos con el fin de servir intereses privados.

Finalmente, los centros públicos deben seguir teniendo un peso determinante en el sistema, para que CatSalut disponga de un conocimiento detalladísimo del funcionamiento del sector y de los costes reales de los servicios, que le permita negociar buenos precios con los centros gestionados por actores privados, así como ejercer una labor de control riguroso. El principal valor del sistema público de salud es que el conocimiento y la pericia no es exclusivamente en manos privadas, sino que recae y se mantiene en el público. Esto debe seguir siendo así, porque es clave para un sistema de salud universal, equitativo y de calidad. El elevado grado de especialización técnica que requiere la gestión en salud obliga a la Administración a gestionar directamente un gran número de centros para poder organizar eficazmente el conjunto del sistema.

Dejadme resumir mi tesis: la verdadera losa es la financiación y la falta de transparencia de nuestro sistema sanitario, y no una supuesta privatización. En este sentido, es indudable que el Gobierno, por ejemplo, ha de transmitir más información de su plan para crear un ente sanitario único en las comarcas leridanas. Y en ERC solo podremos apoyar si, después de estudiarlo, convenimos que servirá para crear economías de escala y mejorar la coordinación a fin de aumentar la calidad de la sanidad pública, al tiempo que se mantiene la titularidad pública. Pero no nos equivoquemos: lo que nos hace falta es más financiación y mucha más transparencia.

Alba Vergés, diputada de Esquerra Republicana en el Parlament de Catalunya y portavoz en la comisión de Salud