Prostitución y producto interior bruto

Para incrementar la recaudación tributaria, una organización de inspectores de Hacienda propone legalizar la prostitución y el tráfico de drogas blandas. La propuesta coincide en el tiempo con una revisión del cálculo del producto interior bruto (PIB) que se impulsa desde la Comisión Europea y que obligará a adaptar la contabilidad nacional al nuevo sistema europeo de cuentas (SEC 2010) aprobado en mayo del 2013. De este modo, nuestro PIB (calculado en base al del 2010) aumentará aproximadamente en 45.000 millones (entre un 2,7% y un 4,5%). El nuevo cálculo incluirá la información estadística sobre prostitución, tráfico de drogas y contrabando y el gasto en investigación y desarrollo y armamento.

Parece razonable aspirar a que las estadísticas reflejen la realidad y no solo una parte de ella. Se trata de un ejercicio de transparencia para que se contabilice todo lo que produce el país y avanzar hacia la limitación de la economía sumergida, sin la que, de ser ciertas las estadísticas actuales, deberíamos estar en situación de conflicto callejero. Sucede solo que en este caso se nos exige transparencia a todos y cada uno, no solo a políticos y en niveles abstractos: es razonable incluir todo lo que produce un país para que pueda tributar y contribuir equitativamente a mantener los servicios públicos.

La realidad es la que es: prostitución, drogas, armas y contrabando forman parte de nuestra realidad económica. También, según Bruselas, la investigación científica (aunque a veces no lo parezca, a tenor del trato recibido en España).  Así, por ejemplo, Barcelona se vende en numerosas páginas web como un lugar en el que es fácil y barato adquirir marihuana en los clubs que desde hace dos años han crecido de forma espectacular en la ciudad, y la prostitución de carretera y de entresuelo florece abonada por el fracaso de las políticas represivas (el conseller de Interior reconoce que no se ha cobrado ninguna de las 400 multas a prostitutas en tres años). Pero la estadística no refleja la producción de estos sectores y sería razonable que lo hiciera en la medida que genera ingresos para alguien.

El cálculo actual presenta otras limitaciones a las que no se alude. Tampoco refleja una parte del PIB generado, por ejemplo, por el trabajo doméstico no remunerado (amas de casa, abuelos en tareas de canguro…), las tareas asistenciales no retribuidas desarrolladas por las confesiones religiosas, actividades de oenegés o la cuarta misión de las universidades, esto es, el desarrollo económico de su entorno geográfico inmediato resultado de actividades de transporte, alojamiento, construcción y consumo de servicios. Estas tareas no contabilizadas deberían prestarlas las administraciones y conllevarían un incremento del gasto aún más insostenible: ¿no creen que el hecho de ahorrar gasto público debiera ir acompañado de un trato fiscal más favorable a estos sujetos?

Volviendo al origen. Lo que plantea la organización de inspectores es que aquellas actividades o algunas de ellas (prostitución y drogas) tributen, lo que sin embargo provoca algunos problemas que habrá que solventar, no solo desde el punto de vista estadístico (por ejemplo, en cuanto a consistencia de datos declarados y comparados entre países), sino sobre todo desde el punto de vista recaudatorio. Para poder recaudar, como bien indican, habrá que legalizar las actividades sujetas, y para ello es preciso un giro copernicano de mentalidad a todos los niveles: la confusión entre moralidad y legalidad preside nuestra vida diaria y condena a la clandestinidad a actividades que de estar legalizadas escaparían -al menos en parte- al esclavismo de los traficantes de drogas o personas.

Para ser eficaz, la legalización debe aportar al sujeto obligado más ventajas que inconvenientes. De lo contrario, optará por mantenerse en la ilegalidad, y sabido es que las ventajas de la legalización deben ser gestionadas por una Administración eficiente, ejemplar, transparente y orientada a objetivos. Un ejemplo de necedad: para la legalización de algunas actividades industriales en España se incorporó el principio medioambiental de que quien contamina, paga, lo que en vez de conllevar un efecto disuasorio llevó a algunos sujetos (públicos y privados) a transformarlo en la práctica en otro principio (más rancio): ya que pago, contamino.

Para servir de algo, las legalizaciones propuestas y el recálculo del PIB debieran enmarcarse en un cambio de mentalidad ciudadana y en un modelo regulatorio que proteja en primer lugar a las personas explotadas, les otorgue ventajas de legalidad frente a situaciones de clandestinidad y construya una Administración que sea algo más que un decorado de cartón piedra con fines recaudatorios.