El positivo debate para acabar con la corrupción

En algunos medios políticos y también empresariales aumenta estos días la sensación de que las noticias sobre los escándalos relacionados con la corrupción están perjudicando la imagen de Catalunya y deEspaña y pueden incluso dificultar larecuperación económica. De momento, un indicador que en los últimos meses parecía la biblia de los mercados, laprima de riesgo, prácticamente ni se ha inmutado: ni con los sobres deBárcenas, primero, ni con el culebrón de losespías catalanes después. Parece, pues, que este flanco está cubierto.

En cambio, todas estas informaciones sí que han tenido un efecto muy positivo en laopinión pública, que se ha mostrado mucho menos dispuesta que nunca a aceptar determinadas actitudes.

El caso paradigmático ha sido el del vicepresidente de laCEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM,Arturo Fernández, considerado uno de los duros de la patronal. Hace años que acumula denuncias por parte de los sindicatos por incumplimiento de convenios, deudas con la Seguridad Social, impagos de alquileres a instituciones en las que tiene la concesión de servicios de hostelería. Y no pasaba nada. Nunca cuestionó por estos hechos su presencia en los cargos directivos de entidades representativas de los empresarios.

Explicaciones en la CEOE

Hasta que han estallado los casos de corrupción en plena crisis, coincidiendo con un castigo constante a los asalariados y las clases medias en general a base de sacrificios, aumentos de impuestos y recortes de servicios. En este ambiente, solo han hecho falta las denuncias de unos cuantos trabajadores a la cadena Ser explicando que en las empresas deArturo Fernándezse les pagabaen negro para que, esta vez sí, el empresario madrileño tuviese que dar explicaciones ante la cúpula de la CEOE. Y que algunas patronales, como la vasca, o la organización de jóvenes empresarios, pidiesen abiertamente que diese un paso atrás y abandonase sus cargos públicos.

Como dijo el presidente de Fepime,Eusebi Cima, en el acto de Foment 'Anem per feina', los primeros interesados en acabar con la economía sumergida y las prácticas irregulares son las empresas y los particulares que cumplen con todas sus obligaciones. Si todo el mundo pagase lo que toca, no harían falta recortes, manifestó. Un informe de la Comisión Europea sobre los efectos negativos de la corrupción calculaba en el 2011 que estas prácticas tienen un coste de 1,2 billones de euros anuales para la Unión Europea, prácticamente el 1% del producto interior bruto de la Unión y más que su presupuesto anual.

Ahora solo falta pasar a la acción. La gran mayoría lo reclama.