Sin Mas, el proceso se acelera

El proceso soberanista catalán vuelve a bordear el precipicio, con un acuerdo forzado por las circunstancias en el último minuto. Junts pel Sí y la CUP acordaron la renuncia de Artur Mas a la presidencia, la designación del alcalde Girona, Carles Puigdemont, como nuevo candidato, y el compromiso de la CUP a garantizar la gobernabilidad en la legislatura (de forma significativamente imprecisa).

Sin embargo, en esta ocasión los costes del desenlace y las implicaciones que tendrá para la política catalana y española elevan la incertidumbre política de los próximos meses a un nivel máximo. El proceso se radicaliza y empieza a pasar factura a algunos de sus impulsores.

Se inicia una legislatura con una mayoría parlamentaria precaria, con un presidente que no aspiraba a serlo y con una coalición de gobierno -en minoría- cuyo único programa de gobierno es la ruptura institucional. Solo los benevolentes podrían considerarlo propio de una escena política belga.

Un acuerdo plausible pero incierto

El inesperado giro que tomó la negociación para desencallar el acuerdo ha sorprendido a muchos, no tanto porque el acuerdo alcanzado no fuera un escenario plausible (los resultados del 27-S dejaban la presidencia de Mas en el aire) sino por la forma en que se ha materializado.

La salida forzada de Mas significa una enmienda al discurso que el hasta ahora Presidente, su partido y su candidatura han venido planteando en los últimos tres meses. El principal argumento sostenía que Mas representaba la garantía de credibilidad para un proceso que genera cada vez más dudas dentro y fuera. Como planteó un corresponsal extranjero en la rueda de prensa, la salida de Mas no beneficiará la ya deteriorada imagen internacional del soberanismo catalán. Mas no le desmintió.

Por otro lado, el acuerdo alcanzado es demasiado impreciso para garantizar su cumplimiento y plantea costes asimétricos para sus participantes. Mientras que la coalición mayoritaria asume la renuncia de Mas (punto 3), el resto de puntos están dirigidos a encorsetar el comportamiento de la CUP en su voto parlamentario (punto 1), en su organización (punto 2) y en su discurso (4), incluso forzando relevos entre sus diputados (punto 5). Un acuerdo inédito.

En cambio, el texto no incluye ningún compromiso de gobierno ni referencias programáticas que justifiquen tales limitaciones para la CUP, ni tiene implicaciones para la dinámica interna de Junts pel Sí. Todo esto puede significar un coste excesivo para la CUP: si bien ha conseguido apartar a Mas del gobierno, lo hace en detrimento de supeditar su papel en el resto de la legislatura. A medida que pasen las semanas, las presiones para saltarse el acuerdo serán mayores.

CDC vuelve a ganarle tiempo a ERC

La racionalidad del acuerdo alcanzado tiene mucho más que ver con la competición de fondo que se viene disputando en el espacio electoral nacionalista entre CDC y ERC desde hace 15 años (como ya hemos argumentado aquí).

En los últimos tres años, esta competición ha girado en torno a quién capitaneaba el proceso soberanista, en el que CDC ha mantenido las riendas del gobierno. Sin embargo, el desgaste generado por la acción de gobierno de los últimos cinco años, y la acumulación de evidencias sobre corrupción política (sobre todo desde la eclosión del caso Pujol en 2014), han hundido las perspectivas electorales de CDC. Desde esta perspectiva, el objetivo de CDC es conducir en paralelo su refundación y la propia evolución del proceso soberanista, para tratar de capitalizar la reconfiguración del electorado catalán.

En ese contexto, la ventaja electoral de ERC –alejada del gobierno desde 2010 y más creíble en la defensa de la independencia- no solo auguraba una posible derrota de CDC en las próximas elecciones sino que abría la posibilidad de una alternancia en el gobierno.

La renuncia de Mas solo se explica por la elevada credibilidad de que cuajaran esos dos pronósticos: derrota electoral y alternancia de gobierno. Lo que queda por conocer es si la decisión final proviene de Mas o le ha sido impuesta por sus propios dirigentes. El nerviosismo del President para explicar la decisión el sábado por la tarde, con algunas afirmaciones que seguramente habría rectificado de inmediato, muestra hasta qué punto las circunstancias han forzado un desenlace indeseable. Mas pierde la presidencia, una vez más (como ya sucedió ante Mragall y Montilla), pero se queda al frente del partido, para tratar de liderar la refundación.

En cambio, ERC –que aparentemente ha sido el partido que más esfuerzo ha realizado en el último momento para evitar las elecciones- pierde la oportunidad a corto plazo de superar a CDC y asume un elevado riesgo, porque deberá entrar en el gobierno y quizá asumir un papel dirigente en él.

Un gobierno de confrontación con una presidencia débil

La elección de un nuevo presidente abre un período inédito en la gobernabilidad catalana. El nuevo gobierno de coalición no va a tener al líder del principal partido en el ejecutivo. Y el jefe del gobierno será alguien con poco peso dentro del partido, y un desconocido para buena parte del electorado en Cataluña. Carles Puigdemont apenas tiene como experiencia una carrera política local, originada en las juventudes del partido y proveniente de los sectores más genuinamente independentistas. Su perfil le permitirá conectar muy bien con el electorado más proclive al proceso soberanista, pero también le restará representatividad ante el resto de la ciudadanía. No es la primera vez en la historia de los gobiernos de coalición que la presidencia la alcanza un candidato secundario en el último momento. Pero acceder a la jefatura del gobierno por la puerta de atrás suele ser una fuente de debilidad permanente.

Las restricciones para su liderazgo en el ejecutivo provendrán desde el partido y desde dentro del propio gobierno. Por un lado, su papel en la refundación de CDC puede generarle tensiones con Mas, que impondrá su preeminencia, y otros aspirantes a sucederle. El perfil de otros consejeros del partido definirán el tipo de relaciones que se establecerán entre partido y gobierno. Por otro lado, si se confirmaran los planes inicialmente previstos para la composición del ejecutivo, el liderazgo político del gobierno también recaerá en Oriol Junqueras y algunos otros consejeros. Las tensiones CDC-ERC se trasladarán así al gobierno.

Con estos mimbres, este gobierno estará abocado a la confrontación institucional antes que a la gobernación de las políticas y su programa buscará el choque con las instituciones del Estado. Con una mayoría precaria, su agenda legislativa se centrará en la implementación de la declaración soberanista de noviembre. Está por ver cómo reaccionará cuando las dificultades financieras, las presiones externas, la agenda judicial y los inevitables imprevistos políticos de la legislatura comiencen a presionar la acción del gobierno. Los propios partidos se han marcado un límite de 18 meses, y es posible que lo cumplan, sobre todo si –paradójicamente- las circunstancias se complican.

Las implicaciones para la política española

No es de extrañar que una de las primeras reacciones ante el anuncio del acuerdo proviniera desde la Moncloa, reclamando un acuerdo en Madrid para un gobierno fuerte. Está claro que la radicalización en Barcelona reduce el margen para la ya de por sí inverosímil alianza de izquierdas. Y generará más dificultades internas para Pedro Sánchez, ante el acoso de los barones con un discurso nacional más fuerte.

Pero la debilidad de Mas es también la de Rajoy. Aunque menos amenazado por sus adversarios electorales, la supervivencia de Rajoy dependerá de la firmeza en la negociación por parte del PSOE y Ciudadanos. Si el PP tuviera dudas sobre la conveniencia de unas elecciones anticipadas, Rajoy tendría menos opciones para representar el consenso necesario para un gobierno de concentración forzado por la situación catalana.

Sin embargo, las consecuencias del acuerdo en Cataluña irán mucho más allá de la Moncloa. Los parámetros han cambiado. Hasta ahora la política española ha focalizado su crítica contra el independentismo en la figura de Artur Mas. Ahora comprobará que un Mas debilitado y apartado del gobierno significará una mayor precariedad en el proceso soberanista, pero también mayor radicalización e imprevisibilidad. Ahora sí llega el choque de trenes.