ANÁLISIS

Del comunismo al separatismo

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, en la Cámara.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, en la Cámara. / periodico

Joaquim Coll

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El francés Raymond Aron fue un rara avis en la segunda mitad del siglo XX como exponente de una izquierda liberal que criticó sin ambages los regímenes autoritarios y el pensamiento totalitario envuelto muchas veces en fraseología revolucionaria. Sorprendido por la enorme capacidad de atracción que ejercía la ideología comunista sobre gran parte de los intelectuales de su generación, encontró la clave de la explicación en que al comunismo se le valoraba por su intención, por los grandes propósitos emancipadores que anunciaba, mientras al capitalismo se le juzgaba por sus efectos. El fracaso histórico del experimento comunista es hoy ya insoslayable, pero los ensayos de Aron no fueron suficientemente apreciados hasta el final de sus días (a diferencia de la veneración que recibieron los escritos marxistas pro-soviéticos de Jean-Paul Sartre).

Salvando las distancias, el mismo razonamiento aplica hoy la izquierda podemita y colauista en el debate entre el independentismo y el proyecto de España. Sus líderes siempre se muestran comprensivos con las tropelías e incoherencias de los separatistas pero, en cambio, son intransigentes con los defectos de la democracia española. Nuevamente se acepta la bondad de la intención ('fer un nou país'), sin importar que los medios sean ilegítimos y se quiera llevar a cabo contra la otra mitad de la sociedad catalana, mientras se desprecia hasta el oprobio la realidad de la democracia española (imperfecta, claro). Sin embargo, los estudios comparativos señalan que nuestro país ocupa una buena posición internacional en calidad democrática. Tras el informe hace dos semanas de Freedom House, ahora 'The Economist' ha vuelto a situar a España entre las 19 democracias plenas del mundo, pese a que ha caído unas décimas por culpa de la violencia policial del 1-O. La alcaldesa Ada Colau enseguida salió a denunciar esos excesos, pero curiosamente nunca se solidarizó con los alcaldes socialistas hostigados por el independentismo por no apoyar el referéndum ilegal ni ha dicho nada sobre los daños a la libertad de prensa que el procés ha causado.