LA CLAVE
La igualdad salarial no va con Rajoy
El Gobierno considera que no entra en sus competencias aprobar leyes para garantizar la no discriminación por razón de sexo cuando Gran Bretaña, Alemania e Islandia lo están haciendo
Mariano Rajoy cree que la igualdad salarial entre hombres y mujeres es un asunto que no compete al Gobierno. Cuando le han preguntado en Onda Cero qué haría para luchar contra la brecha salarial el presidente del Gobierno ha respondido sin inmutarse: «No nos metamos en eso».
En España las mujeres cobran un 85,1% del sueldo de sus homólogos masculinos, según cifras de la agencia estadística Eurostat y, son además, las que más sufren el desempleo y la precariedad, según los informes de Intermon Oxfam o Cáritas, por citar tan solo dos ejemplos. A pesar de la información que abunda sobre la cuestión, Rajoy ha considerado: «Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuales no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios».
El presidente del Gobierno se equivoca o miente. Debería saber que el derecho a la no discriminación por razón de sexo y a la igualdad entre hombres y mujeres están recogidos en el Tratado de la Unión Europea desde el año 1957, en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 17), en la Constitución española (artículo 35.1) y en la Ley de Igualdad.
En Europa están empezando a aprobarse leyes para luchar contra la brecha salarial. El Gobierno alemán de Angela Merkel, que no es sospechoso de ir en contra de los intereses del mercado, obligará a las empresas a ser transparentes sobre su política retributiva y a dar a conocer a los empleadas los salarios de sus colegas masculinos para que estas puedan pedir la equiparación.
Las empresas británicas también deberán publicar información detallada sobre las brechas salariales y de bonos a partir de 2018, mientras que Islandia directamente ha prohibido pagar distinto a mujeres y hombres. La igualdad entre géneros sí es una competencia del Gobierno. Este debe buscar las fórmulas posibles para garantizar que no se produzca la discriminación laboral por razón de sexo y eso incluye legislar. La obligación de los gobernantes es precisamente lo contrario a lo que ha expresado espontáneamente Rajoy. Deben tener la valentía de «entrar en eso». Y no dejar la justicia en manos del mercado como si no fuera con ellos.
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