Derivas autoritarias en la UE

El Parlamento Europeo reclamó este miércoles a la Comisión Europea que «inicie de inmediato un proceso de evaluación en profundidad sobre la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría». La oposición del grupo popular —al que pertenece el partido Fidesz del primer ministro húngaro, Viktor Orban— no pudo impedir la adopción de la resolución por 362 votos a favor, 247 en contra y 88 abstenciones, respaldada por socialistas, liberales, verdes e izquierda europea.

El detonante del nuevo incidente húngaro fue el plan de Orban de abrir un debate en el país sobre la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte, prohibida por el Derecho de la Unión Europea (UE).

Orban ya anunció el 26 de julio del 2014 su intención de construir «un nuevo estado» alejado del modelo de democracia liberal europea. «Los estados democráticos liberales no pueden seguir siendo globalmente competitivos», aseguró Orban y puso como ejemplo de «éxito» a China, Rusia y Turquía. Orban defendió sustituir el «estado del bienestar», que define el modelo social europeo, por un «estado del trabajo» (literalmente workfare, trabajar gratis para poder cobrar subsidios). Orban ya reformó a su medida la Constitución en el 2011y el 2013, restringió la libertad de prensa, redujo los poderes del Tribunal Constitucional y depuró la magistratura de críticos.

La Comisión Europea se ha limitado estos años a reproches verbales, porque Fidesz forma parte del Partido Popular Europeo, que es la primera fuerza de la Eurocámara y domina la Comisión Europea, aunque su presidente, Jean-Claude Juncker, se permita la broma de saludar a Orban con un: «¡Hola dictador!».

Hungría no es el único país de la UE con derivas autoritarias. El Gobierno británico, que tiene la red de vídeovigilancia orwelliana más extensa de Europa, también espía masivamente las comunicaciones de sus ciudadanos y del resto de europeos, utiliza la legislación antiterrorista para restringir la libertad de expresión y las protestas políticas y sociales y puede mantener detenida sin cargos a una persona durante 14 días (hace poco eran 28 días y el Gobierno de Tony Blair incluso intentó que fueran 90 días).

En España, el Gobierno de Mariano Rajoy con la nueva ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, también ha impuesto el mayor recorte de libertades públicas desde la democracia para intentar silenciar las protestas ciudadanas. Hasta el New York Times señaló en un editorial en abril que la ley «devolvía a los oscuros días del régimen de Franco» y que «no tenía sitio en un país democrático».

AUTORITARISMO ECONÓMICO

Además del espionaje a los ciudadanos sin orden judicial que prolifera en la UE, se está produciendo a nivel económico otra deriva autoritaria más sutil a través de la imposición de ajustes, recortes de derechos y todo tipo de legislación a los países por parte de altos funcionarios de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin legitimidad democrática, que no responden ante los ciudadanos por las decisiones que imponen, que no pueden ser destituidos y que se lavan las manos de sus errores y de las consecuencias nefastas de sus recetas.

La reforma del sistema de gobierno de la eurozona ha conferido un poder casi absoluto a la Comisión Europea sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Las medidas que dicta a los países ahora solo pueden ser rechazadas por una mayoría cualificada muy difícil de lograr en el Eurogrupo, con el agravante de que el Ejecutivo comunitario está totalmente sometido al 'diktat' de los grupos empresariales y financieros.

Es revelador que el banco norteamericano JPMorgan considerara en un informe de mayo del 2013 que los derechos democráticos son el principal obstáculo para superar la crisis económica mediante recetas neoliberales y destacara en especial como negativos: «la protección constitucional a los derechos laborales, el sistema de consenso político y el derecho a la protesta contra los cambios no deseados».