Corrupción, competencia y pérdida de dinero público

Lo que ya se ha convertido en un clásico en twitter, “dos noticias juntas se entienden mejor”, sirve muy bien para referirse al problema de la corrupción en España y las prácticas para eludir la competencia, que es otra forma de encarecer los servicios públicos sin mejorar a cambio las prestaciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a incoar expediente sancionador a 51 empresas del sector de la gestión de residuos y el saneamiento urbano por posible restricción de la competencia. La Comisión ya las había sancionado por prácticas irregulares en una infracción única y continuada de acuerdos entre ellas para repartirse clientes públicos y privados, pactar precios y recomendaciones colectivas para poder aumentar el precio de las ofertas, o, al revés, evitar posibles rebajas fruto de la competencia entre ellas. Los sancionados recurrieron ante la Audiencia, pero no sobre el fondo, sino sobre una cuestión más  formal, que ahora la CNMC intentará superar con expedientes individuales. Mientras tanto, y pese a que la Audiencia no discute si la conducta de las empresas investigadas es reprochable desde un punto de vista de las normas de competencia, estas compañías han logrado un nuevo aplazamiento de las posibles sanciones y han provocado un nuevo aumento de gasto público con el alargamiento del proceso. Es una práctica cada vez más habitual, en la que el infractor juega con la lentitud de la justicia y busca todos los recovecos para intentar que prescriban los posibles delitos. Ha pasado con los residuos, que curiosamente suele ser en muchos países una actividad en la que fácilmente se  cometen irregularidades, pero también con muchos casos de corrupción política vinculados a decisiones relacionadas con la gestión urbanística.

La segunda noticia de la semana que da más empaque a la decisión de la CNMC ha sido el nuevo rapapolvo del Consejo de Europa  a España y a Bélgica, de forma destacada sobre un total de 47 países analizados, por no haber puesto en marcha la mayoría de recomendaciones de esta institución para luchar contra el fraude y la corrupción. O todavía peor, por promover reformas que incluso podrían ir en contra de medidas de anticorrupción de ámbito europeo. Y esto sucede en un país que en el primer informe de la Comisión Europea sobre malas prácticas en la contratación, publicado en el 2014, ya advertía de que España era uno de los países más corruptos de la Unión Europea.

A principios de este año, el mismo Consejo Europeo ya advirtió a España de que los progresos que se habían hecho en la lucha contra la corrupción eran "limitados" y que el grado de cumplimiento de las recomendaciones continuaba siendo "en general insatisfactorio". Toda corrupción comporta un encarecimiento de los servicios y obras públicas y por ello acabar con estas prácticas debería ser una prioridad del país.