De la burbuja a la búsqueda de oficinas bancarias

En pleno boom de la construcción de la primera década de este siglo XXI el paisaje de las ciudades estaba marcado por dos tipos de oficinas: las de compraventa de pisos y las bancarias y de cajas de ahorro de todo tipo. Casi a cada nueva promoción de envergadura le correspondía una sucursal cuyo objetivo era asegurarse estos nuevos clientes, que, además, en su mayoría eran jóvenes y con un teórico elevado poder adquisitivo que les permitía acceder a la hipoteca de marras. Al cabo de unos años la burbuja explotó, los jóvenes resultaron serlo menos y, sobre todo, su capacidad económica que había superado las pruebas de riesgo por parte de las entidades financieras antes de concederles el préstamo también resultó ser mucho menor de lo previsto. De hecho, la realidad ha demostrado que en la loca carrera de los primeros años 2000 para obtener clientes que siguieran haciendo girar la rueda de la construcción se concedieron centenares de miles de hipotecas cuyas garantías reales de cobro eran una quimera.

Una de las consecuencias de ese frenético e irracional nivel de actividad inmobiliaria y bancaria fue la elevada cifra de sucursales a la que se llegó: más de 46.000 en toda España en el 2008. El pinchazo de la burbuja, unido a las otras consecuencias de la crisis económica que todavía perdura, las novedades tecnológicas, los bajos tipos de interés que han obligado a la banca a ser mucho más competitiva y eficiente, y los efectos de la concentración bancaria tras la práctica desaparición de las cajas de ahorro como servicio financiero han acelerado la transformación de las oficinas bancarias. A finales del 2015 se había reducido su número a 31.000. Algunas previsiones del sector apuntan a que aún “sobran” 10.000 sucursales, con la consiguiente pérdida de empleos. De hecho, desde el 2008 la plantilla bancaria global se ha reducido en más de 80.000 trabajadores y se superará la cifra de 90.000 a corto plazo. A modo de orientación, altos directivos del BBVA han manifestado públicamente que a largo plazo con 1.000 de sus actuales 3.800 oficinas tendrán suficiente.

La digitalización del negocio está acelerando estos procesos. Pero una de las consecuencias es que para un elevado número de personas empieza a ser un hecho la exclusión financiera y las crecientes dificultades para usar los servicios bancarios. Sobre todo entre las personas mayorespersonas mayores. Al inicio de la crisis había 7,6 millones de residentes en España de 65 años y más de edad, cifra que ha alcanzado los 8,7 millones en el 2016, según el INE. Y que va en aumento. Es a la vez el colectivo con más dificultades para manejarse con medios digitales. La drástica reducción de oficinas y la rapidez de la implantación de las nuevas tecnologías casi sin alternativa se están convirtiendo para este sector de la población en un problema al que las entidades bancarias deberían prestar más atención y medios.