Presupuestos, derechos, diálogo

Durante el Gobierno del Partido Popular, los retrocesos en materia presupuestaria fueron clamorosos. Por la corrupción, que desvió a bolsillos privados millones de euros que podrían haber ido a políticas de bienestar dignas de ese nombre. Pero también por el maltrato infligido a las administraciones más cercanas a la ciudadanía, comenzando por los municipios.

Hasta hace poco, este escenario parecía inmodificable. Pero el acuerdo en la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy ha abierto un horizonte hasta ahora inédito. Y lo ha hecho en un momento especial, en el que tanto el PP como Ciudadanos (Cs) se están acercando en sus discursos a la extrema derecha global. Desde Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, hemos decidido dar un paso adelante y pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez unos presupuestos progresistas. Unos presupuestos que ayuden a reactivar la economía, a promover la innovación científica y tecnológica y sobre todo a reforzar los derechos sociales básicos.

Revertir las políticas del PP

Buscar estos acuerdos no es un asunto menor. Supone mostrar una voluntad clara de mirar más a Portugal para evitar lo que está ocurriendo en Italia o Hungría, donde las derechas populistas crecen gracias a la mentira y a la criminalización de los más vulnerables.

Barcelona no podía permanecer al margen de esta iniciativa. Por eso nos implicamos desde un inicio en los acuerdos de Madrid y abrimos conversaciones para alcanzarlos también con el Govern de la Generalitat. Las razones son obvias. Revertir las políticas practicadas por el PP, invertir en los barrios para frenar el crecimiento de la ultraderecha, exige recursos. Y estos, como ha recordado la alcaldesa Ada Colau, solo pueden obtenerse con cuentas dignas en todos los niveles de gobierno.

Pactar nuevos presupuestos
podría ser la antesala de un nuevo ciclo progresista en el conjunto de la Península Ibérica

Si los presupuestos generales no se aprobaran, Catalunya dejaría de ingresar unos 2.200 millones de euros. Estos fondos son imprescindibles para que la Generalitat pueda compensar su frágil situación financiera. Y lo son, también, para saldar la deuda social con Barcelona y el resto de ayuntamientos catalanes. Un acuerdo a tres –Gobierno central, Generalitat, Ayuntamiento– sería esencial, por ejemplo, para que el ejecutivo presidido por Quim Torra pueda destinar a guarderías infantiles de la ciudad 40 millones de euros pendientes desde hace años. Asimismo, unos nuevos Presupuestos Generales supondrían para Barcelona unos 100 millones de euros extra en concepto de transferencias y de compensación de la caída del impuesto de plusvalías. Estos fondos son clave para que la inversión en seguridad, vivienda o atención a las personas mayores, lleguen a quienes más lo necesitan. También para adoptar medidas como la congelación de las tarifas del transporte público,congelación de las tarifas del transporte público que beneficiarían a todos los municipios del área metropolitana. 

Sabemos que no es sencillo. Pero precisamente porque la situación es excepcional, estamos obligados a no arrojar la toalla. Por eso llevamos semanas trabajando a favor un acuerdo en Madrid, hablando con diferentes consejerías de la Generalitat, e incluso con dirigentes independentistas hoy en prisión, como Oriol Junqueras. Y también por eso hemos abierto contactos, a través de nuestro compañero Pablo Iglesias, con el lendakari Iñigo Urkullu y con Carles Puigdemont, sin los cuales este cambio no sería posible.

Solo un compromiso generoso entre las fuerzas que se conjuraron para echar al PP permitiría acordar los presupuestos que el momento exige. Este compromiso solo sería viable si contribuye, además, a acabar con la situación de excepcionalidad que se vive en Catalunya. Es decir, a abrir un diálogo real para poner fin a las acusaciones arbitrarias y al exilio de dirigentes independentistas y para ofrecer una salida política, democrática, a los anhelos republicanos de la mayoría de la ciudadanía de Catalunya.

La operación no es sencilla. Pero la alternativa –prorrogar los presupuestos de las tres administraciones– sería un fracaso colectivo que agravaría aún más la actual situación de emergencia social. Un acuerdo presupuestario amplio para 2019 podría ser la antesala de un nuevo ciclo políticamente progresista en el conjunto de la Península Ibérica. Si lo consiguiéramos, los beneficios serían clarísimos. Primero, porque permitiría aislar a la rabiosa derecha vernácula. Segundo, porque ayudaría a mostrar que con altura de miras y alianzas democráticas amplias es posible construir alternativas socialmente avanzadas y desactivar al populismo xenófobo, violentamente desigualitario, que se alza ante nuestros ojos.