El error de Schleswig-Holstein

El respeto por las decisiones judiciales no impide el ejercicio de la critica. Si en Bélgica la justicia denegó la entrega de Carles Puigdemont por un defecto de forma, en Alemania eso jamás ha estado en cuestión, lo cual subraya el sinsentido belga y su nula voluntad de colaboración en un asunto que incomoda a los soberanistas flamencos. Todo lo contrario de la rectitud con la que ha actuado la fiscalía alemana. Pero en el caso de los jueces de Schleswig-Holstein hay que lamentar que con su decisión de solo extraditar al 'expresident' por un posible delito de malversación hayan propinado una tremenda estocada al sistema de la euroorden que se basa en la cooperación y confianza mutua entre Estados de la Unión Europea.

Es sorprendente que desde el primer momento los jueces de ese Land hayan entrado a verificar los hechos concretos llevando a cabo una especie de juicio anticipado, excediéndose del todo en su cometido. Como más de un experto penalista ha recordado, el instructor Pablo Llarena no pedía la entrega del 'expresident' para condenarlo ya por rebelión sino para que otros jueces del Tribunal Supremo lo juzgaran. Por tanto, la tarea de la audiencia de Schleswig-Holstein no era entrar a dirimir la culpabilidad de Puigdemont sino solo si los hechos descritos eran en abstracto constitutivos de un posible delito de rebelión o sedición en Alemania. Se trataba de autorizar su entrega para que la justicia española, en la cual los jueces regionales alemanes afirman tener una “confianza ilimitada”, estableciera un veredicto a partir de unos hechos que solo podrán probarse en el juicio.

Lo que resulta inconcebible es que en Alemania los graves acontecimientos de septiembre y octubre pasado sucedidos en Catalunya no merezcan, según esos jueces, ningún tipo de calificación penal más allá de la malversación. Imaginémonos a las autoridades de Baviera desobedeciendo reiteradamente al Tribunal Constitucional, organizando un referéndum ilegal para separarse de la República Federal de Alemania, gastando dinero público en acciones prohibidas, ignorando las advertencias de la policía sobre el riesgo de enfrentamientos violentos y empujando a cientos de miles de personas a desbordar en la calle la acción del Estado. Pues bien, cuesta mucho creer que esos responsables políticos no estuvieran en la cárcel para ser juzgados por unos cuantos delitos.

En Alemania serían unos “hechos atípicos”, afirman sin embargo los jueces de Schleswig-Holstein, que no niegan que hubiera violencia sino que no fue suficiente para doblegar la Constitución y, más sorprendente, concluyen que el propósito del referéndum no era lograr la inmediata independencia sino forzar negociaciones con el Gobierno español. Lo sucedido (también en Bélgica) subraya que el espacio judicial europeo está aún por construir. Por desgracia,  la justicia de cada país es solo sensible a sus propios demonios y como en Alemania el separatismo no ha sido históricamente un problema, los jueces regionales se han mostrado benevolentes con Puigdemont. Más que un revés para la justicia española lo es para la euroorden.