LA CLAVE
El populismo penal del PP
La propuesta de endurecer la prisión permanente no responde a ninguna alarma social, sino a la alarma electoral de los populares
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
Ante el debate abierto sobre el endurecimiento de la prisión permanente revisable --versión edulcorada de la cadena perpetua--, cabría pensar que la delincuencia se ha encaramado al podio de las preocupaciones de los españoles. Falso. Solo a un 1,8% de los encuestados por el CIS les inquieta la inseguridad ciudadana. Las estadísticas oficiales les dan la razón: la tasa de criminalidad ha caído siete puntos en la última década, y el número de muertes violentas se ha reducido un 43%. Pero que ni los crímenes ni su castigo sean un problema para los ciudadanos no evita que lo sea para los políticos.
Desde que en el 2015 el PP aprobó en solitario la prisión permanente revisable, solo un reo ha sido condenado a esta pena. No existe, pues, la tan pregonada "alarma social", salvo por sucesos mediáticos como el 'caso Diana Quer'. Entonces, ¿por qué se empeña el Gobierno en penar más delitos con la prisión permanente? La primera respuesta es táctica: privado el PP de la mayoría absoluta, la oposición pretende derogar esta figura en el Congreso, a lo que el Ejecutivo responde doblando su apuesta. Pero también hay una razón estratégica: la apuesta por la mano dura --ley y orden-- de Mariano Rajoy, alarmado por el ascenso de Albert Rivera en las encuestas.
RESOCIALIZAR, NO ALMACENAR
El populismo penal --incremento y cumplimiento íntegro de las condenas-- ya fue uno de los arietes preferidos de José María Aznar, junto a la confrontación con los nacionalismos. Ahora que el conflicto catalán ya no beneficia en las urnas al PP, sino a Ciudadanos, los populares desempolvan el Código Penal. Y ello pese a que las cifras cantan: en España, uno de los países más seguros de Europa, la condena media es de 18 meses -frente a los 7,1 de promedio en la UE-- y hay 133 presos por cada 100.000 habitantes, el doble que en Suecia, Dinamarca o Finlandia. La población reclusa supera aquí las 60.000 personas.
Alimentar el miedo con remedios falaces quizá resulte fructífero en las urnas, pero no construye una sociedad mejor. Porque, no lo olvidemos, la función primordial de las cárceles no es almacenar a delincuentes, sino resocializar a ciudadanos.
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