Dos fiscales demandarán a Trump por violar las cláusulas anticorrupción de la Constitución

El estado de Maryland y el Distrito de Columbia llevan a los tribunales los conflictos de interés del presidente de Estados Unidos

El presidente Trump, en un acto público en Washington, ayer.

El presidente Trump, en un acto público en Washington, ayer.

RICARDO MIR DE FRANCIA / WASHINGTON

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La Casa Blanca no es el único edificio histórico consagrado a Donald Trump en la Avenida Pensilvania de Washington. En esa misma arteria de la capital estadounidense se levanta el Hotel Trump, un lujoso establecimiento que ocupa la antigua oficina central de correos. Desde que el nuevo presidente ganó las elecciones, el hotel se ha convertido en un centro de obligado peregrinaje para toda clase de lobistas, diplomáticos, celebridades y políticos con ambiciones en los meandros del poder washingtoniano. Las embajadas de Kuwait y Turquía han organizado eventos en sus salones. Arabia Saudí ha reservado habitaciones a través de un intermediario y el propio presidente ha recibido allí a personalidades extranjeras como el británico, Neil Farage.

Nada de eso supondría problema alguno de no ser por una oscura cláusula de la Constitución que prohíbe a los funcionarios públicos, incluido el presidente, “aceptar sin permiso del Congreso, cualquier regalo, emolumento, cargo o título de cualquier naturaleza de un rey, príncipe o estado extranjero”. Y eso es lo que estaría sucediendo a juicio de los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia, que este lunes presentarán una demanda contra Trump por haber presuntamente violado la llamada “cláusula de los emolumentos”, una de las salvaguardas anticorrupción de la Carta Magna. Ambos estados alegan que el presidente ha aceptado millones de dólares en pagos de representantes de gobiernos extranjeros.

NUEVO FRENTE LEGAL

La demanda abre un nuevo frente legal para el republicano, cuyo entorno está siendo investigado en el Congreso por sus conexiones con la trama rusa. Hace unos meses, Trump negó al New York que los negocios derivados de su hotel en la capital incurran en un conflicto de interés. “La ley está totalmente de mi lado, el presidente no puede tener conflictos de interés”. Cuando un nuevo presidente llega a la Casa Blanca, lo normal es que desinvierta de sus intereses empresariales o los ponga en un ‘fondo ciego” administrado por un gestor independiente de su familia. Pero Trump no lo ha hecho.

En el caso de sus hoteles, prometió donar los beneficios que obtenga de gobiernos extranjeros. Y en términos generales, ha puesto a sus hijos al frente de su imperio empresarial. Uno de ellos, Eric Trump, ha declarado que su padre seguirá recibiendo regularmente información sobre el estado de las finanzas de sus empresas.

LA INTERGIDAD EN PELIGRO

Para los demandantes, la decisión de Trump de mantener sus negocios “le ha enredado con una legión de actores gubernamentales extranjeros y domésticos” poniendo en peligro la integridad del sistema político estadounidense. “Nunca antes un presidente actuó con tanto desprecio hacia esta prescripción constitucional”, dice la demanda en referencia a las normas éticas seguidas por sus predecesores para desvincularse de sus intereses económicos privados.

Trump ya fue demandado en enero por el dinero que los gobiernos extranjeros y sus representantes dejan en sus hoteles. Aquella demanda fue presentada por una organización que vela por la ética de los gobernantes: Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética.