El juez impone una 'macrofianza' civil a los dueños de Damm

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado la apertura de juicio oral contra el presidente de

Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre, del mismo nombre, y les ha dado 10 días para abonar 236,4 y 476,4 millones, respectivamente, como fianza civil por varios delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

En un auto, contra el que no cabe recurso, el juez sienta en el banquillo además al «hombre de confianza» de este último, José Luis Serrano Flórez, y al abogado del despacho Pretus, Gabriel Ignacio Pretus Labayen, a los que ha fijado una cuantía de 224,3 y 365,4 millones de euros. El impago de la fianza supone el embargo de bienes de los afectados.

Para el presidente de Damm, la Fiscalía ya solicitó una pena de 14 de años de prisión, que elevaba a 48 y medio para su padre, mientras que para Serrano reclamó 19 y para Pretus 42. Según el juez, a lo largo de la causa ha quedado indiciarianente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria en relación al IRPF, el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.

Al menos desde el año 1990, sostiene Ruz, Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de esconder sus rentas y patrimonio a Hacienda mediante estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales, «reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando».

Durante el periodo investigado, 2001-2009, la cuota diferencial, según los informes de Hacienda, supera los 66 millones, por lo que el juez señala que debe perseguirse el delito contra Hacienda. Está considerado delito fiscal defraudar por encima de 120.000 euros de cuota.

ARCHIVO DE LA CAUSA / Ruz cerró esta investigación en verano una vez que el Tribunal Supremo anuló, el 8 de julio, el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había archivado la causa para el presidente de Damm, estimando así los recursos que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían interpuesto contra esta decisión. La sentencia del Supremo daba la razón a Ruz, que dirigió el procedimiento contra Carceller Arce antes del archivo de la causa por la sala, argumentando que este había participado activamente en la gestión del patrimonio de su padre.

En el entorno de la familia propietaria de Damm vincularon la premura del juez Ruz con su «posible cambio de destino inminente» tras salir su plaza a concurso por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).