ICV denuncia a las eléctricas ante el fiscal general del Estado

Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) ha decidido iniciar una batalla jurídica contra las eléctricas. Tras anularse la subasta que hubiera hecho subir la tarifa de la luz más del 11%, el grupo ha denunciado al sector ante el Fiscal General del Estado por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y el de subastas y concursos públicos. En su escrito exigen incoar diligencias preprocesales para investigar "la fijación o determinación de los responsables y la responsabilidad penal" que se derive de todo ello.

La denuncia, firmada por los diputados Laia Ortiz y Joan Coscubiela, considera que concurren los dos elementos esenciales para imputar este tipo de delitos: el engaño y la utilización de información privilegiada. Con esta medida, ICV pretende demostrar que el eléctrico "es un mercado que no funcina como tal", según Laia Ortiz.

De hecho, este grupo no quiere que los hechos se limiten solo a la subasta como parece que quiere el ministro de Industria, José Manuel Soria. En esa puja intervienen mayoritariamente bancos de inversión y fondos que especulan con el precio de la electricidad.

Auditoría y reforma de la subasta

ICV viene denunciando la situación desde hace meses. Ya en junio pasado, recuerda Ortiz, reclamaron una auditoría para determinar la realidad sobre el déficit de la tarifa, así como una reforma de la subasta en la que se determina casi el 40% del precio del recibo de la luz.

En la denuncia entienden que los últimos acontecimientos constituyen "uno de los mayores episodios de colusión empresarial con la finalidad de fijar precios al alza en el denominado mercado eléctrico". El elemento de engaño se basa en "los hechos que han motivado la elevación exponencial del precio de la energía" y el consiguiente delito de maquinación para alterar el precio de las cosas recogido en el artículo 284 del Código Penal. También recurren al artículo 262, que se refiere a la alteración de precios en subastas y concursos públicos.

Información privilegiada

En cuanto a la información privilegiada, resaltan que "más del 80% de la oferta y la demanda de electricidad está controlada por tres grandes grupos de sociedades o compañías eléctricas". Destacan, a su vez, que después de conocerse que el Gobierno se negaba a financiar a través de los Presupuestos del Estado el déficit de tarifa de 3.600 millones sobrevenido en el 2013, el regulador, la CNMC, detectó "circunstancias atípicas" en la subasta que le hicieron no validarla.

ICV considera que las compañías que producen electricidad pudieron actuar sobre el precio "reteniendo agua, parando centrales (eólicas o nucleares) y pactando precios". De hecho, durante esos días marcaron los precios esencialmente las tecnologías más caras, esencialmente los ciclos combinados (gas).

El escrito subraya que todos estos hechos deben ser investigados "desde el punto de vista de la posible responsabilidad penal" y recuerda, en este sentido, las palabras del propio titular de Industria, quien manifestó que la subasta había sido "manipulada".