El Govern genera crispación al avalar un único ente de mediación privada

La Generalitat ha provocado un terremoto en la mediación y arbitraje entre empresas al promover y fomentar desde el sector público un organismo de resolución extrajudicial de conflictos entre privados, que compite con los 21 que existen en Catalunya. Ni los abogados, ni los de registradores y otros colectivos profesionales han querido sumarse a la Cort Arbitral de Catalunya, creada formalmente como asociación en julio pasado por el Consell General de Cambres y el Colegio de Notarios de Catalunya, y apuestan por entidades «más independientes» y lejos del largo brazo de la Administración.

La gota que colmó el vaso fue un acuerdo del Govern con el compromiso de que la contratación pública con empresas en Catalunya incorpore una cláusula de sumisión al arbitraje, para el que solo reconoce  la Cort Arbitral. Ese es un compromiso incluido también en el programa electoral de Junts pel Sí.

MARCA REGISTRADA POR JUSTÍCIA 

Bibiana Segura, directora del Centre d'Estudis Jurídics de la Conselleria de Justícia, admite que el Govern hizo de catalizador para que varios colectivos discutieran fórmulas para que creciera esta vía de resolución extrajudicial de resolución de conflictos. «Se trataba de estimular el arbitraje, que pasó en poco tiempo de más de 160 al año a unos 70», dice.

Justícia defiende esta fórmula porque descarga de trabajo a los tribunales y contribuye a mejorar la competitividad. Incluso registró en enero pasado la marca Cort Arbitral de Catalunya en la Oficina de Armonización del Mercado Interior «para preservarla y cederla luego a la asociación que se creara», explica. El conseller de Justícia, Germà Gordó, trató de convencer varias veces a los colegios de abogados y otros colectivos de la necesidad de crear un organismo de ámbito catalán. La idea inicial era fusionar todos los existentes, pero, ante las reticencias, se optó por otra solución y se quedaron solo las cámaras y los notarios, explica Narcís Bosch, del Consell de Cambres y secretario de la Cort Arbitral. Gordó preisidió la presentación el pasado 9 de octubre.

«En Catalunya hay 21 entidades arbitrales, que es algo que no tiene sentido. El exceso de oferta retrae la demanda» de un método privado de resolución de conflictos más rápido y eficiente que la justicia ordinaria, explica Jesús de Alfonso, presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), el mayor de todos. La idea inicial de Justícia era atractiva. Pero una cosa es concentrar en busca de eficiencia y la otra buscar el control político y del mercado, interpreta.

De la misma opinión es el Colegio de Abogados de Barcelona. «Participamos en la fase de diálogo inicial, pero después nos desmarcamos. La creación de esta corte presuponía disolver tribunales como el TAB», una entidad en la que están y por la que apuestan los letrados que, junto con las empresas, son sus principales usuarios, explica Rafael Espino, secretario del colegio barcelonés. Además ven chocante que la Administración apueste por un ente en concreto. «Lo más lógico sería que convocara un concurso», agrega. Segura afirma que lo que diferencia a la Cort del resto es que es «la única que prevé en sus estatutos la resolución de conflictos entre empresas y la Administración». Lo resalta también Narcís Bosch. Agrega, a su vez, que facilitará que las pymes sean contratistas públicas y que hay «colegios que ya han pedido formar parte de la entidad». Bosch asegura que «es cierto que la Generalitat lo  promovió, pero a partir de ahí no ha participó más».