Los inversores de astilleros deberán devolver las ayudas desde el 2007

La Comisión Europea (CE) ha pedido hoy a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales de la llamada tax lease entre el 2007 y el 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores al 2009.

La presión ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde el 2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.

La Comisión no ha desvelado la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. El ministro José Manuel Soria dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba del 2005. Bruselas dice que corresponde a las autoridades españolas calcular el importe a devolver.

 Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones "no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros (como los propios astilleros), incluso mediante la aplicación de contratos existentes".

El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas español --que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a Bruselas-- vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque concedió una "ventaja selectiva" a sus beneficiarios respecto a los rivales.

Atendiendo al "principio de seguridad jurídica", la Comisión ha decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente ilegal un sistema francés similar al español.