Internado el primer inmigrante en el CIE de Barcelona desde la reapertura

El centro de internamento para extranjeros (CIE) de la Zona Franca ha recibido este jueves poco antes de las dos de la tarde al primer interno desde que reabrió la semana pasada después de ocho meses de cierre por reformas, según han confirmado fuentes de Interior, que no han precisado la nacionalidad del inmigrante. La llegada del interno, un hombre con antecedentes penales por violencia machista y quebrantamiento de condena, que será expulsado de España, supone un punto de inflexión en el conflicto institucional que mantienen el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior. Está previsto que en las próximas horas ingrese otra persona en el recinto.

Una vez hay un hombre custodiado dentro del centro, el ayuntamiento considera que el CIE está ejerciendo su función como tal y, en consecuencia, vulnerando la orden de cierre que el consistorio dictó hace una semana contra la instalación por carecer de la licencia de actividad apropiada y por no cumplir con las normas contra incendios. 

El consistorio envió inspectores al centro dos veces esta semana, el lunes y el miércoles, para que comprobaran, entre otros aspectos, si ya había internos. Las dos veces, el CIE denegó la entrada a los inspectores, que no pasaron de la puerta. El siguiente paso previsto por la Administración local es acudir a la justicia, por la vía contencioso-administrativo, para que se autorice su entrada en el centro. La petición al juez se hará en los próximos días.

Una vez el consistorio compruebe que ya hay internos en el CIE, y a la vista de que el Ministerio del Interior ha hecho caso omiso de las advertencias municipales, existe la posibilidad, según anunció el teniente de alcalde Jaume Asens, de proceder al precinto del centro.

EL EXPEDIENTE

El consistorio barcelonés ha remitido este jueves al juez Joaquin Aguirre, uno de los dos togados que ejercen la vigilancia y control del CIE de la Zona Franca, el expediente administrativo sobre la carencia de la licencia y un informe en el que anuncia que el ayuntamiento presentará ante la justicia ese recurso contencioso-administrativo por la prohibición de entrada en el recinto de los inspectores.

Aguirre ha remitido toda esta documentación, según fuentes jurídicas, al otro juez de Barcelona que ejerce la misma función y que está de guardia todo el mes de julio. Fuentes jurídicas han insistido, sin embargo, que los jueces de vigilancia del CIE de la capital catalana no pueden entrar a valorar una cuestión administrativa, como es la posible falta de licencia para realizar determinadas actividades. El consistorio, en cambio, opina que sí pueden hacerlo en base a los derechos fundamentales de los internos.

Después de ocho meses para acometer unas obras de mejora reclamadas por la comisión judicial que se encarga del controlar las condiciones de esta instalación, el Gobierno acordó reabrir el CIE el pasado jueves día 7 de julio, poco después de que el Ayuntamiento de Barcelona anunciara que vetaba su reapertura porque no disponía de licencia de actividad. Fuentes jurídicas han apuntado que las instalaciones policiales y judiciales no necesitan licencias de estas características.

MEDIDAS COERCITIVAS

Tras el anuncio del Gobierno, el equipo de la alcaldesa Ada Colau advirtió de que si el CIE volvía a acoger internos, como paso previo a su expulsión de España, el ayuntamiento usaría todos los mecanismos legales a su alcance y tomaría medidas coercitivas, como la imposición de multa o, incluso, el precinto del edificio.

La reapertura la semana pasada del CIE, un centro que cuenta con el rechazo de organizaciones que defienden los derechos humanos, fue comunicada previamente a los juzgados de instrucción número 1 y 30 de Barcelona, encargados de su control, así como al fiscal especial de extranjería, quien igualmnete supervisa su funcionamiento. La mayoría de las mejoras que se han realizado en el recinto se han realizado por indicación de los jueces de vigilancia.