El enojo vecinal de la Barceloneta estalla en un pleno extraordinario

EI distrito de Ciutat Vella celebró anoche un pleno extraordinario consecuencia de la ruptura de la convivencia entre vecinos y turistas en el barrio de la Barceloneta. Fue una sesión muy movida, como era más que previsible, que tal vez no hizo más que ahondar el divorcio entre el gobierno municipal y los vecinos, que tras dos horas de acalorada discusión terminaron por plantar a la concejala de Ciutat Vella, Mercè Homs, a media intervención. Esta insistía en que será implacable con los pisos turísticos ilegales y con los legales que causan molestias. Los afectados están ya en otro estadio. No quieren pisos turísticos en la Barceloneta, ni, de hecho, en el resto de Ciutat Vella. De ningún tipo.

Los vecinos aseguran que la cacareada batería de inspecciones puesta en marcha por el ayuntamiento se ha saldado solamente con un único cierre efectivo, y Homs no lo rebatió durante las dos horas que duró el pleno extraordinario. Así que pidieron la dimisión de la concejala varios de los residentes del barrio que solicitaron turno de intervención y, al final, coreó esa exigencia la mayoría del público cuando se fue de la sala y trasladó la protesta a la calle. La escena ahí no dejaba de ser sintomática. Trás las pancartas, unas 200 personas al grito de «Barcelona no se vende» y, unos metros más allá, las terrazas de la plaza del Bonsuccés repletas de turistas indiferentes.

El pleno formalmente sirvió para debatir propuestas del PP y del PSC a las que los vecinos ya ni siquiera prestaron demasiada atención. Los populares insisten en que para resolver el conflicto basta con más policía. Los socialistas sostienen que es imprescindible retroceder y anular la última modificación del plan de usos del distrito, del 2013, como si el problema de sobreexplotación que sufre el centro no fuera anterior a esa fecha. A la hora de la verdad, fueron las intervenciones de algunos vecinos las que pusieron sobre la mesa punto de vista más interesantes.

POCO RESPETO

Manuel Martínez, uno de los portavoces vecinales, explicó, por ejemplo, «que el problema no es el turismo de bajo coste, sino el de bajo respeto». En su opinión, tanto da cuánto paga un turista por alojarse en la ciudad si, sea mucho o poco, tiene la percepción de que en Barcelona todo está permitido.

Ester Jurquera formuló una queja que, a estas alturas, tal vez merecería una respuesta oficial extensa y clara. «Nadie nos preguntó si queríamos pisos turísticos», afirmó.

El pleno no solo mostró el abismo que separa a los vecinos y a los grupos municipales, sino que sirvió además para constatar que el conflicto, lejos de remitir, amenaza con crecer. El mobbing inmobiliaro, uno de los más turbios delitos cometidos en época de la burbuja inmobiliaria, ha reaparecido en Ciutat Vella, esta vez de la mano de los apartamentos turísticos. Así se denunció ayer en el pleno extraordinario. Homs, cuando la dejaron intervenir, siempre intermitentemente, prometió que proseguirán las inspecciones, con más funcionarios si cabe, y que que si es necesario el ayuntamiento comprará inmuebles.