Colau retoma el proceso de expropiación temporal de 600 pisos vacíos en manos de bancos

En tiempos en los que parece que todo pasa por los juzgados, la vivienda social en Barcelona también tiene su apartado vinculado a los tribunales. El levantamiento de la suspensión, por parte del Constitucional, de algunos artículos de la ley 4/2016 del Parlament de Catalunya de medidas de protección del derecho a la vivienda (impugnada por el Gobierno) ha permitido al ayuntamiento retomar la expropiación temporal de pisos vacíos que sean propiedad de bancos. Ya han reabierto cinco expedientes, pero tienen en cartera un mínimo de 600 más.

Al consistorio se le pone por delante un complicado trabajo. La misión está clara: poner a disposición de colectivos vulnerables el máximo número posible de pisos de alquiler social. El ayuntamiento ya es propietario de más de 7.000 viviendas que gestiona como buenamente puede. Pero eso es calderilla ante la demanda de precios asequibles en tiempos en los que las rentas están por las nubes. Porque la necesidad es mucha, los activos inmobiliarios en manos de las entidades financieras son una alternativa a esta carencia.

Complicada certificación

El Tribunal Constitucional decidió el 28 de marzo salvaguardar tres artículos concretos de la ley 4/2016, entre ellos el 15, que permiten precisamente la expropiación del uso temporal de viviendas que estén situadas en zonas con una demanda residencial fuerte y acreditada. Sobra decir que la capital catalana cumple con esos requisitos. El ayuntamiento tenía abiertos 16 expedientes, pero 11 de ellos han caído porque se trata de inmuebles que ya han sido cedidos u ofertados por el derecho de tanteo y retracta. Los otros cinco son los que ahora siguen su curso. 

Antes de ampliar ese cupo hay que pasar por un largo proceso de certificación. Entre otras cosas, hay que demostrar que el piso lleva un mínimo de dos años vacío (si está ocupado ya queda descartado), lo que requiere de un control exhaustivo de los suministros (consumo de agua y luz). A día de hoy, en Catalunya, según el censo realizado por el propio Govern, hay 2.021 viviendas vacías en la capital catalana que son propiedad de bancos. De todas ellas, se estima que unas 600 son susceptibles de cumplir los requisitos para que el consistorio reclame la expropiación de uso. Esto significa que la entidad financiera debería ceder su uso durante un plazo de entre cuatro y 10 años. El banco cobraría el alquiler, marcado según criterios de emergencia social. 

Josep Maria Montaner, concejal de Vivienda, ha sido el encargado de desgranar el asunto este miércoles ante la prensa. Ha sostenido que lo más importante "es alcanzar acuerdos con los bancos" para evitar un proceso de recursos que puede alargarse durante más de seis meses. En el pasado ya se pactó la cesión de 200 pisos de la Sareb y 50 de Caixabank. Pero siguen faltando muchos, a criterio del gobierno de Barcelona en Comú. La entidad con más activos es el BBVA, con 871 de esos 2.021. Este banco alcanzó un acuerdo, según ha relatado Montaner, con la Generalitat para ceder 1.800 pisos en toda Catalunya. "Pero prácticamente ninguno en Barcelona", ha concretado el edil. Si no hay acuerdo, ha avanzado, "se seguirá el procedimiento sancionador".

Recurso y venta

En los últimos tres años, el ayuntamiento ha mandado cerca de 2.300 comunicaciones oficiales a las entidades financieras con pisos vacíos en la ciudad para que los cedan al alquiler social. Por lo que cuentan fuentes municipales, los bancos, en cuanto son notificados por una vivienda concreta, intentan recurrir para evitar la sanción. En ese periodo, conscientes de que ese activo está en peligro, intentan venderlo para sacárselo de encima. A pesar de que se calcula que un mínimo de 600 pisos pueden entrar en la expropiación temporal de su uso, el gobierno de Ada Colau consideraría "un éxito conseguir captar algunas docenas de ellos". En paralelo, el consistorio ha ido ampliando su propio parque de vivienda durante este mandato con la adquisición de cerca de 500 pisos más.