BCN ignorará las multas de la ordenanza del civismo para el arraigo de inmigrantes

Multar, seguirán multando, ya que la ordenanza del civismo sigue intacta, pero estas sanciones no serán tenidas en cuenta a la hora de conceder un informe de arraigo. Prostitutas que ejercen en la calle y vendedores ambulantes irregulares, los colectivos más castigados por la polémica ordenanza, podrán obtener dicho informe, imprescindible para regularizar su situación, pese a sumar multas vinculadas a dicha ordenanza. "Se producía un mecanismo perverso que hacía que tener sanciones por dedicarse a la economía sumergida impidiera a esas personas optar a otros lugares de trabajo y se vieran condenadas a ese tipo de economía", ha afirmado el teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens. El Ayuntamiento de Barcelona no tendrá en cuenta, así, para ese trámite en concreto, las multas que él mismo impone. 

Así lo ha explicado el teniente de alcalde el día después de la celebración del Día Internacional del Inmigrante. Lo ha hecho acompañado por la Comisionada de Inmigración, Lola López, y por representantes del Consell Municipal d'Immigració, durante el balance de los dos años de la presentación de las 67 medidas consensuadas por este organismo para pedir fomentar la inclusión de las personas inmigradas. Medidas que tanto Asens como López han subrayado que el consistorio hace propias. "La idea de la ordenanza del civismo era tener un efecto disuasorio, pero producía el efecto contrario", ha proseguido Asens. "De esta manera se garantiza el espíritu de reinserción social que ha de guiar la imposición de este tipo de sanciones", ha concluido.

FORMACIÓN INTERNA

En la rueda de prensa, celebrada el lunes después de un fin de semana en el que colectivos de inmigrantes se han encerrado en la UB para pedir "papeles para todos", Asens ha detallado también que el consistorio ha llevado a cabo modificaciones en el circuito de empadronamiento para familias con vulnerabilidad o que no pueden acreditar un contrato de alquiler en su lugar de residencia. El consistorio ha hecho formación en las oficinas de atención a la ciudadanía y en los servicios sociales para que los trabajadores municipales conozcan el trámite y lo faciliten a los afectados.

Además de hacer públicos los dos avances -el de las multas y el del padrón-, Asens ha pedido al Gobierno español una lectura de la ley de extranjería con espíritu garantista para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida como las que se están detectando en el décimo año de crisis.

MUCHO CAMINO POR RECORRER

Entre la larga lista de asignaturas pendientes, Elisabet Ureña, abogada de Càritas, miembro del consejo, ha reivindicado "que se dejen de llevar a cabo identificaciones por perfil étnico o prejuicio racial por parte de los cuerpos de seguridad". Algo que no solo coarta la libertad de estas personas, sino que lanza desde la Administración un mensaje racista al resto de la sociedad, testigo de esas identificaciones arbitrarias, por ejemplo en el metro. 

Ureña ha destacado que, aunque la mayoría de las peticiones están vinculadas con la restrictiva ley de extranjería, pueden aplicarse porque aún queda margen dentro de esta. "Las 67 medidas planteadas son realizables dentro del actual marco legal; no son inconcretas, utópicas ni imposibles", ha insistido la abogada, con el asentimiento de López y Asens.

"Nos encontramos a diario con situaciones inadmisibles. Tenemos menores nacidos en España que nunca han tenido papeles, menores nacidos en España que han perdido los papeles, menores que han llegado a España de muy pequeños y que al llegar a los 18 años pierden los papeles y no pueden acceder a estudios superiores", ha denunciado Ureña.