La entidades deploran las identificaciones policiales por prejuicio racial

El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona presentó ayer en el Col·legi d'Advocats 67 propuestas «para mejorar las condiciones legales de las personas en situación irregular y favorecer su integración social», que volvieron a poner sobre la mesa la precaria situación en la que viven los simpapeles. Entre las 67 peticiones, exigencias que podrían parecer superadas como «que se dejen de llevar a cabo identificaciones por perfil étnico [o prejuicio racial] por parte de los cuerpos de seguridad». El documento destaca también que a veces «una persona puede tener una reseña policial que no constituye un antecedente penal, y por ese motivo no acceder a la residencia de larga duración», algo que consideran no se ajusta a la legalidad vigente, pero que pasa.

Estas 67 propuestas han sido elaboradas por una comisión técnica, en la que han participado especialistas en extranjería del Col·legi d'Advocats y de las distintas entidades que trabajan con el colectivo, pero han sido asumidas por el ayuntamiento, ya que la presidenta del consejo es la concejala Maite Fandos. «Estudiaremos las peticiones que nos hacen a nosotros y plantearemos reuniones con el resto de instituciones, como la Delegación del Gobierno, para pedirles que las apliquen», añadió la edil, quien puso énfasis en el carácter «realista» de las propuestas.

«El documento contiene medidas positivas porque abren nuevas puertas a la regularización, pero son insuficientes. Aunque el conjunto de estas medidas fuesen aplicadas en su máxima amplitud, la gran mayoría de las personas desalojadas de las naves del Poblenou, por ejemplo, seguirían sin papeles», aseguraba tras la rueda de prensa Norma Falconi, de Papers per tothom. Una de las principales pegas que ve este colectivo de lucha por los derechos humanos es que el requisito para el acceso al arraigo sigue siendo un contrato de un año. «La propuesta es que se reconozcan todas las modalidades contractuales, pero el periodo de tiempo sigue siendo un año, algo que en este tiempo de crisis es prácticamente imposible», añade Montse Milà, de la Xarxa de Solidaritat amb els Assentaments.