Acuerdo político entre los 28 para reducir las emisiones de los coches un 35% desde 2030

Alrededor de la mesa de negociación dos visiones. A un lado, los partidarios de pisar el acelerador en el proceso de reducción de emisiones de CO2 de coches y furgonetas comercializados en la UE. Al otro, los países que reclaman prudencia en la descarbonización del sector del transporte y abogan por echar el freno para proteger a la industria automovilística europea y al empleo. Tras más de doce horas de negociaciones, los ministros de medio ambiente de la Unión Europea han conseguido cerrar "in extremis" un compromiso político que fija el objetivo de reducción de CO2 de los turismos nuevos en un 35% a partir de 2030.

Es la cifra con la que había arrancado la negociación final en Luxemburgo y recogida desde la primera propuesta de compromiso planteada por la presidencia austriaca de la UE. Un objetivo a medio camino entre el recorte del 30% propuesto por la Comisión Europea hace casi un año –respecto a los niveles de 2021-, y defendido por el grueso de los países del este más Alemania, y el 40% exigido por la Eurocámara, la mínima ambición posible para una docena de delegaciones encabezadas por los países nórdicos y otros socios como Francia, Italia o Irlanda que reclamaban máxima ambición.

“Les pido que hagan gala de flexibilidad y nos sentemos a mejorar el compromiso”, reclamaba al filo de las nueve de la noche la ministra austríaca de sostenibilidad y turismo y presidente de turno del Consejo, Elisabeth Köstinger. Dos horas después, la austríaca anunciaba la obtención de un compromiso político que le permitirá empezar a negociar el texto definitivo con la Eurocámara. “Es un mandato sólido para la negociación que tenemos que abrir ahora con el Parlamento Europeo”, ha asegurado sobre los trílogos que deberán abrirse este mismo miércoles 10 de octubre con la Eurocámara y la Comisión, con el objetivo de aprobar el nuevo reglamento durante esta legislatura, antes de la disolución de la cámara en mayo de 2019.

La postura de los gobiernos europeos contempla un objetivo final del 35% de reducción para los vehículos de pasajeros vendidos a partir de 2030 (del 30% en el caso de las furgonetas), con una cláusula de revisión en 2023 y un objetivo intermedio del 15% en 2025. “Este acuerdo es una oportunidad para que la industria del automóvil lidere la transición hacia una movilidad libre de emisiones de CO2 principal causante del calentamiento global”, ha celebrado la ministra española de transición ecológica, Teresa Ribera, que desde el minuto uno de la negociación se posicionó a favor del 35% como el mejor equilibrio posible. Según Ribera, la decisión permitirá a la industria del automóvil poner en marcha una hoja de ruta coherente con los objetivos comunitarios" y prepararse para realizar la transición hacia una movilidad limpia.

Países insatisfechos

El pacto no ha satisfecho, sin embargo, a todos los Estados miembros y cinco países –Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Eslovenia y Dinamarca- han anunciado la inclusión de una declaración conjunta para “manifestar nuestra decepción por los resultados. Pensamos que el texto es peor que el distribuido esta mañana”, ha lamentado el representante irlandés, Joe Hackett. La ministra holandesa, Stienje van Veldhoven, ha admitido las dificultades a las que se ha enfrentado la presidencia austríaca para llegar a un compromiso pero ha avisado que tampoco están satisfechos con el resultado.

En total, según las cuentas de Köstinger y del comisario de clima, Miguel Arias Cañete, 20 Estados miembros han votado finalmente a favor de su propuesta (incluida Francia que reclamaba un recorte del 40%), cuatro lo han hecho en contra por falta de ambición (Luxeburgo, Irlanda, Eslovenia y Holanda) y otras cuatro delegaciones se han abstenido (Hungría, Malta, Bulgaria y Dinamarca) por distintos motivos. “Ha sido una discusión complicada”, ha admitido el político español.

El acuerdo apoya la introducción de un mecanismo para incentivar la transición hacia vehículos bajos en emisiones así como “medidas específicas” para que los consumidores de países con una baja penetración de vehículos híbridos enchufables o eléctricos se beneficien. Se trata de uno de los elementos que más tensiones y debate ha suscitado durante la negociación de este martes. “Los vehículos híbridos no suponen ni el 2% del parque que circula en la UE, entre el 1 y 2% en República checa. No podemos meternos en una situación en la que solo las personas con ingresos más altos tengan acceso a esta movilidad”, alertaba en su primer turno de intervención el ministro de medio ambiente checo, Richard Brabec.