MEDIDAS PIONERAS

Baleares se adelanta y prohíbe los diésel en el 2025 y los gasolina en el 2035

El Parlamento autonómico aprueba la ley de cambio climático más avanzada de España por con los votos en contra de PP y Ciudadanos

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Manuel Vilaseró

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Baleares ha dado este martes un paso que la sitúa en la punta de lanza de la lucha contra el cambio climático. El Parlament de les Illes ha aprobado, con los votos en contra de PP y Ciudadanos,  la ley de Cambio Climático y Transición Energética que prohíbe la venta y entrada en las islas de coches y motos diésel a partir del 2025 y de gasolina en el 2035, mientras prevé que en 2050 el 100% de la energía eléctrica consumida provenga de fuentes renovables.

La transición es más acelerada incluso que la prevista en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático que ultima el Gobierno, y equiparable a las medidas que están tomando los países europeos más avanzados, como Noruega o Países Bajos y ha sido elogiada, entre otros, por Laurence Tubiana, presidenta del principal 'think thank' europeo contra el calentamiento global, la European Climate Foundation.

"Como islas, se encuentran en una posición ideal para avanzar en la eliminación gradual de los motores de combustión y enviar una clara señal al sector europeo de fabricación de automóviles que los vehículos eléctricos son la base de los beneficios futuros", ha dicho quien fue una de las personas claves en el Acuerdo de París que Baleares trata de cumplir con su ley.

"Olvidemos que alguien salvará el mundo por nosotros. Ser los primeros tiene riesgos, pero no podemos esperar más", ha argumentado el ‘conseller' de Territori, Marc Pons, en su defensa del proyecto de ley ante la cámara autonómica. Para el alto cargo socialista, convertirse en "un referente" en la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad aportará, además, "un atractivo turístico que le diferenciará y potenciará" respecto a otras ofertas.

La demanda de los fabricantes

La portavoz del PP, María Marí, ha calificado la normativa "impositiva, prohibitiva y contraria al derecho comunitario" para lo que ha echado mano del argumentario de la patronal de los fabricantes de automóviles Anfac. Ésta ha interpuesto una demanda contra la ley ante la Comisión Europa por supuesta vulneración de las reglas del mercado único. También de una misiva de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).

Sin haber realizado ningún informe previo, el presidente de este organismo, Jose Manuel Martín Quemada, remitió a título personal el lunes una carta al presidente del Parlament en la que le advertía de las negativas consecuencias para la economía de las medidas previstas. Quemada  fue directivo de la petrolera Cepsa durante 24 años, según ha recordado el portavoz socialista. 

Los votos favorables han provenido de la coalición integrada en el Govern que está encabezada por el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB) al que se suman Podemos y la plataforma progresista Més. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha felicitado en Twitter por la aprobación, calificando la aprobación de "notición, que marca la senda que hemos de seguir". 

Con el plan, Baleares aprovecha su condición de isla que le permite convertirse en un laboratorio de la movilidad eléctrica más fácilmente que cualquier otro territorio. Nada mejor que unas islas, con recorridos limitados y accesos acotados, para plantearse este objetivo. Algunos de los hándicaps para el desarrollo de los vehículos eléctricos es la escasa autonomía que tienen y la falta de puntos de recarga, pero en Mallorca, la isla más extensa, el viaje más largo ronda los 60 kilómetros (Palma-Pollensa).

Ferris con menos coches

La ley impedirá que ningún vehículo matriculado se desplace a las islas con un vehículo diésel. Los ferris cargados de vehículos desde Barcelona, Valencia o Alicante empezarán a pasar a mejor vida. En principio no se prevén controles de acceso, pero si fuertes penalizaciones que se aplicarán de forma gradual. Al principio se limitarán a meros apercibimientos (amonestaciones) pero más adelante se impondrán multas de entre 300 y 3.000 euros si se les pilla ciculando por la isla a partir del 2025 en el caso de los diésel y a partir del 2035 en el de los gasolina.

Los únicos que podrán circular son los matriculados en las islas antes de esas fechas. Podrán hacerlo hasta 2050. Tiempo que se considera más que suficiente para que el que compre un diésel o un gasolina antes de que entren en vigor las prohibiciones de venta haya podido amortizarlo. 25 años en el primer tipo de combustible y 15 en el segundo.

'Rent a Car' eléctrico

Los turistas tendrán a su disposición un parque de vehículos de alquiler que deberá ser mayoritariamente eléctrico. Cada año aumentará el porcentaje hasta que a partir del 2035 el 100% de los que se adquieran  ser eléctricos. Una medida que ya ha sido pactada con los operadores de 'rent a car'.

Los ecologistas consideran que el de Baleares es incluso un calendario más realista que el previsto en el borrador la ley de cambio climático estatal porque el objetivo de ambas normas es que dejen de circular vehículos que emitan CO2 el año 2050, pero si solo se veta su venta a partir del 2040, diez años después habrá vehículos de combustión con varios años por delante de vida útil.

Respecto a la recarga, ya se ha puesto en marcha un plan para implantar mil 'enchufes'. Endesa, por su parte, ha aprobado el cierre escalonado hasta 2025 de la única central de carbón, la de Es Murterar, mientras las térmicas de Ibiza y Menorca se transforman en gas.

Placas solares todos los párkings

Una de las claves de la ley de cambio climático balear es que vincula la nueva movilidad eléctrica a la energía procedente de fuentes de origen renovable. Así, por ejemplo, <strong>los párkings de más de 1.000 metros cuadrados</strong> que sean de nueva construcción deberán incorporar <strong>placas fotovoltaica</strong>s para abastacer la recarga de los vehículos estacionados. Los aparcamientos ya construidos deberán incoporarlas a partir de los 1.500 metros cuadrados. La norma tambén <strong>fomenta la implantación de instalaciones de autoconsumo </strong>aprovechando la desaparición del impuesto al sol credo por el anterior Gobierno del PP.