Casi la mitad de las urbanizaciones catalanas incumplen aún la ley antiincendios

"La gente no se acuerda de que los incendios se apagan en invierno", ha lanzado el vicepresidente de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras. Solo cuando llegan las llamas, en plena canícula, vienen los lamentos. En Catalunya hace lustros que se sabe que las urbanizaciones son un peligro y por eso, en el lejano 2003, se impulsó una ley que obligaba a los ayuntamientos a crear un perímetro a su alrededor que frenara los incendios y salvaguardara a los residentes.

Pero las leyes quedan muchas veces en el cajón si no hay presupuesto para aplicarlas. Y eso es lo que ha ocurrido con la creación de franjas perimetrales que protejan estos núcleos de población. En Catalunya hay 1.433 urbanizaciones, un millar de ellas en Barcelona, ha recordado Guiteras. "Cerca de 800.000 personas viven en ellas y ocupan más de 44.000 hectáreas", ha descrito. Sin embargo, según la Generalitat, únicamente 780 de esas 1.400 urbanizaciones (el 56%) tienen franjas de protección perimetrales o espacios de defensa ante un incendio forestal.

Planes de delimitación

Como en estos 15 años los municipios no han estado por la labor (algunos por estrecheces presupuestarias, otros por falta de prioridad, los menos por desidia), Diputació y Generalitat han decidido ir a una para revertir la situación. Con una inyección de 4,5 millones en el periodo 2016-2018, se pretende que, en primer lugar, se ejecuten los planes de delimitación y, con las cosas claras, se limpien estos peligrosos perímetros.

Los planes de delimitación son, ha explicado la directora general de Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montserrat Barniol, un documento técnico en el que se detalla la situación: dónde están todas y cada una de las casas, edificaciones, infraestructuras, puntos de agua, etcétera con los que cuenta. Ahora mismo, de los 400 municipios con urbanizaciones, 312 cuentan con esa herramienta.

35.000 euros cada una

Superado ese trámite, los ayuntamientos pueden solicitar ayudas para limpiar sus urbanizaciones, unos trabajos que rondan los 35.000 euros. Lo peor del caso es que, una vez hecha la franja queda el mantenimiento. O sea, que a los dos años como mucho, se deben repasar y volver a desbrozar.

Tanto Barniol como Guiteras han instado a los municipios a introducir una ordenanza municipal que obligue a los propietarios de las urbanizaciones a pagar esa continuidad en las limpiezas. Igual que hay una tasa de recogida de basuras, de iluminación o un IBI, los vecinos que hayan elegido vivir en estos lugares en contacto con la naturaleza, deben contribuir a su mantenimiento. Esto podría significar unos 25 euros al año por familia.

La mala experiencia del Empordà

Pero, ¿cómo? La Diputació ha creado un modelo de ordenanza que los ayuntamientos podrán copiar. Se trata de facilitarles las cosas. Hay algunos, como el de Roses (Alt Empordà), que ya han impulsado una propia. Precisamente los incendios forestales del 2012 en el Empordà, ha revelado la directora general, fueron los que hicieron caer en la cuenta de que la ley de protección de las urbanizaciones no estaba dando resultados.

Ahora, meses antes de que los municipios se percaten de que viene el lobo, las dos administraciones, de la mano de los agentes rurales y de las Asociaciones de Defensa Forestal, han impulsado la campaña 'Si arriba el foc, estàs preparat?', que mediante un espot audiovisual, charlas y material gráfico difundirá las medidas de autoprotección obligatorias que tienen las urbanizaciones. Para apagar los incendios del verano durante el invierno.