Mataró pone en manos de la Agencia de Salud Pública el confinamiento de vecinos con covid

Mataró ha pedido a la Agencia de Salud Pública de Catalunya que se pronuncie sobre los confinamientos domiciliarios de quince personas positivas de covid-19 que ha tumbado la justicia, según han indicado a la ACN fuentes municipales.

En menos de 24 horas, dos juzgados contenciosos administrativos de Barcelona no ratificaron dos decretos de alcaldía que ordenaban el aislamiento y la cuarentena obligatoria para dos grupos de seis y nueve personas con coronavirus. La medida, dictada por el alcalde, establecía que debían permanecer en su vivienda durante 14 días desde el momento en que el resultado del PCR fue positivo.

Sin embargo, los magistrados han advertido que los ayuntamientos no tienen competencias para limitar la libertad de movimientos, considerada un derecho fundamental.

Rebrotes

Los hechos se remontan al pasado 12 de julio cuando la dirección ejecutiva del sector sanitario del Barcelonès Nord y Maresme informó el consistorio que seis ciudadanos de Mataró que residían en la misma vivienda habían dado positivo en los test PCR. Posteriormente, el 16 de julio, se notificó un segundo brote de nueve personas que también convivían juntos en otro piso. Ambos núcleos de convivencia tenían contacto entre sí.

Entre el 13 y 16 de julio, las Áreas Básicas de Salud respectivas, comunicaron al Ayuntamiento que estas unidades familiares debían hacer aislamiento domiciliario. Así, pidieron al ejecutivo local apoyo para que pudieran llevarlo a cabo, dado que se trataba de personas que necesitaban salir a trabajar para hacer frente a los gastos de comida.

Poco después, una trabajadora social contactó con las dos familias para ofrecerles apoyo alimentario, de higiene, medicación y manejo de residuos. El mismo 16 de julio el consistorio limpió y desinfectó las zonas comunitarias del edificio con un producto autorizado.

No todos cumplieron el confinamiento

A pesar de las medidas, el Ayuntamiento detectó que afectados no estaban cumpliendo con el confinamiento dictado. Así, se registraron entradas y salidas continuas de las personas infectadas. Por todo ello, el 21 de julio, el alcalde de la ciudad, David Bote, firmó dos decretos de alcaldía para ordenar el aislamiento y cuarentena obligatoria de estos ciudadanos.

El 22 de julio, los juzgados contenciosos 3 y 12 de Barcelona comunicaron su decisión de no ratificar los decretos y recordaron el Ayuntamiento de Mataró que los consistorios no tienen potestad para dictar medidas que signifiquen limitar derechos fundamentales a las personas con fines de protección de la salud pública. Además, indican que la administración competente es la Generalitat.

El Ayuntamiento de Mataró ha decidió no recurrir la decisión de los dos magistrados del TSJC y ha dejado sin efectos los dos decretos. En esta línea, el ejecutivo local ha decidido trasladar el caso a la Agencia de Salud Pública, que es la autoridad competente en esta materia. Con todo, fuentes municipales han remarcado que en otros municipios "el juez sí ha permitido" al Ayuntamiento tomar este tipo de decisiones. Asimismo indicaron que en el caso de la capital del Maresme incluso "el fiscal estaba de acuerdo".

Los dos núcleos familiares, a través del mediador, han hecho saber al Ayuntamiento que renuncian al apoyo alimentario que se les ha proporcionado hasta ahora.

Nuevo decreto ley

Por su parte, el delegado del Govern en Barcelona, Juli Fernández, lamentó que el TSJC considere que el artículo 3 de la Ley de Salud Pública de Catalunya no es suficiente para justificar los confinamientos y ha vuelto a pedir "un decreto ley que apoye estas iniciativas para restringir los movimientos en caso de que se incumpla el confinamiento ".

Asimismo, ha asegurado que los servicios jurídicos de la Generalitat "están estudiando cuál es el vía para poder actuar ante estos casos".

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