Hacia una 'España 3.0' después del 20-D

Tras las elecciones europeas de mayo del 2014 -que dieron entrada en la política, por la puerta grande, a Podemos y a Ciudadanos- el panorama electoral ha cambiado mucho y por ello la política económica posible después de las elecciones del próximo 20 de diciembre va a verse condicionada por las alianzas electorales que se produzcan tras la cita con las urnas.

Hacer predicciones electorales en este marco actual caracterizado por la aparición de nuevos partidos se hace difícil, pero hay que pensar que en el mundo no estamos solos y que, además, somos miembros de la Unión Europea y de la zona euro, lo que nos condiciona mucho.

La experiencia griega, en que Alexis Tsipras repite mandato pese a haber tenido que abandonar las políticas que Syriza había prometido en las elecciones del 25 de enero  y que fue revisando en toda su negociación con el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, sirve para pone de manifiesto una cosa importante: los 19 países miembros de la zona euro tienen muy poco margen para llevar a cabo políticas económicas que se desvíen de las políticas de austeridad que hoy imperan en la UE ante la realidad de los altos niveles de endeudamiento existentes. Estos no permiten políticas expansivas que acentúen todavía más los ya altos niveles de déficit fiscal que tienen los países que no pertenecen al cinturón de países excedentarios del entorno alemán. Habrá que ver si el nuevo Gobierno portugués de coalición entre socialistas, comunistas y verdes es capaz de cambiar lo que hasta ahora ha sido una política conservadora.

España está creciendo a un ritmo próximo al 3% con lo que se sitúa entre los países del Eurogrupo con mejores perspectivas pese al elevado desempleo que padece,  el paro juvenil, las crecientes desigualdades de renta y el déficit de finanzas públicas que tiene y que insufla niveles adicionales de endeudamiento mes a mes.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y las reformas estructurales introducidas por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy para salvar al sector bancario y adaptar el mercado de trabajo a las exigencias de la competitividad exportadora y turística -aún a costa de una mayor precariedad en el empleo- han conseguido que los mercados financieros internacionales sigan considerando que España es un país que no presenta peligros mayores para sus inversiones. Eso queda patente con la manejable prima de riesgo hoy atribuida a España y que no parece verse alterada por la «amenaza separatista» catalana por la sencilla razón de que en el exterior nadie cree que una independencia unilateral de Catalunya, que la dejaría fuera de la UE y del euro, tenga viabilidad.

Esto quiere decir que la política económica a corto plazo que vaya a poder llevar a cabo el gobierno que salga de las elecciones del 20-D no va a poder separarse en demasía de la política hasta ahora seguida por el Gobierno de Rajoy  y escrutada desde Bruselas y Frankfurt . El Gobierno, además, deberá confiar en que el entorno externo de bajísimos tipos de interés del Banco Central Europeo, los bajos precios mundiales del petróleo y de las materias primas y la marcha de la economía mundial que

-pese a su menor crecimiento anunciado por el FMI- va a seguir ayudando a las exportaciones y al turismo y va a seguir haciendo posible la recuperación del consumo interior, la inversión y el mercado inmobiliario que en los últimos meses están tomando cuerpo. Solamente en el reparto en la carga fiscal y en los retoques al Estado del bienestar, que debe mantenerse y siempre respetando el objetivo de déficit impuesto por Bruselas, van a poder haber divergencias según quien gobierne después del 20 de diciembre.

El futuro de la economía española no va a jugarse, sin embargo, en la gestión de la coyuntura, sino en la capacidad con la que seamos capaces de negociar en Bruselas y en otros organismo internacionales y en las políticas que vayan a poder transformarnos en un España 3.0 adaptada a las necesidades de seguir financiando el Estado del bienestar, conseguir mejores niveles de renta  y hacer frente a los requerimientos exigidos por la globalización.

Es así como el nuevo Gobierno deberá hacer avanzar políticas activas para progresar hacia una nueva revolución industrial 4.0 que permita una mejor integración de España en la globalización y una mejor productividad no basada en los salarios bajos sino en las nuevas tecnologías y una mejor facilidad para la creación de empresas industriales y de servicios competitivas, limitando los frenos que actualmente la condicionan (energía, infraestructuras, educación, atracción de talentos, colaboración universidad-empresa, etcétera).

Pero lo que es esencial, y es una asignatura pendiente, es la reforma de las Administraciones Publicas que, en vez de impulsar el paso a una España 3.0, muestra disfunciones de todo tipo que no hacen sino frenar tal proceso con, además,  escandalosos casos de corrupción a nivel estatal, autonómico y local.