Oriol Illa: «La crisis social costará mucho más de parar que la económica»

¿Cómo está Catalunya tras ocho años de crisis? Hace ocho trimestres que estamos creciendo a nivel económico, pero la situación social no es mejor. Este crecimiento económico no está revirtiendo las desigualdades. La situación actual es de emergencia social. La crisis, que ha sido económica, financiera, de la deuda, es también una crisis social. Y esta parte de la crisis es la que siempre se ha obviado. Cuando las cosas van mal tiene cierta lógica que los políticos y los gobiernos digan que la situación no es buena. Lo que es más preocupante es que cuando la tendencia cambia, no se diga que aún persiste una crisis social, que es más crónica y es mucho peor. ¿Qué indicadores lo dicen? Pues, por ejemplo, el paro de larga duración. En Catalunya más de 300.000 personas llevan más de dos años en el paro. Cuanto más tiempo pasa, más difícil y más inversión social se ha de hacer para revertir la situación.

¿Habrá víctimas de la crisis que no volverán a la 'normalidad social'? La factura total, la factura social, aún no la hemos pagado. La crisis social se ha producido más tarde y costará mucho más de parar que la crisis económica. Pero yo no creo que las situaciones de exclusión sean irrecuperables. Lo que sí es verdad es que la factura que tendremos que pagar, en todos los sentidos, también la económica, será mucho más elevada. La mejor política social en estos momentos, yo siempre lo digo, es la ocupación. Es garantizar la autonomía de la persona. Desde un punto de vista de cohesión social, ni nos conviene ni nos interesa, ni es éticamente asumible, que el 20,9% de personas vivan por debajo del umbral de la pobreza, con ingresos inferiores al 60% de la renta media.

¿Qué función tienen las entidades sociales en la creación de empleo? El sector de servicios orientados a las personas irá en aumento. Hay un envejecimiento de la población y determinadas enfermedades necesitan un servicio porque se hacen más crónicas y aumenta la demanda. Por tanto, este sector tiene la necesidad de organizarse y representa, desde un punto de vista económico, muchos puestos de trabajo. También representa una creciente incidencia política. Doce años después de su creación, la Taula del Tercer Sector se ha hecho más fuerte y está más presente en la sociedad. Los servicios de atención domiciliaria, a la gente mayor, infancia y juventud, además de los colectivos vulnerables, irán en aumento, como crecerá también la actividad económica y social vinculada con estos colectivos.

También crece el sector de la atencion sociosanitaria. Esta cuestión abre un debate importantísimo. El derecho a la sanidad y a la educación son derechos consolidados, universales y gratuitos. Pero con los derechos sociales no pasa esto. Solo puedes hacer uso de estos derechos si hay disponibilidad presupuestaria. Si conseguimos una integración sociosanitaria real se elevarán los derechos sociales a derechos universales y garantizados. Imagina que en el ámbito social hubiera un profesional que pudiera determinar la evolución de un usuario. Al final, en un momento dado puedes estar en el paro, puedes haber tenido una situación particular, envejeces y tienes unas necesidades de apoyo. Y si todo esto estuviera integrado como red, no solo elevaríamos a derecho universal los derechos sociales sino que probablemente haríamos más eficiente el sistema. Si lo hiciéramos bien incluso podríamos reducir costes.

¿Cómo afecta la inestabilidad política de Catalunya al Tercer Sector? Todo lo que suponga no tener una cierta continuidad en la Administración pública nos perjudica mucho. Hay un ejemplo muy claro: en 2014 se aprobó una directiva europea sobre la contratación pública, que decía que el precio no puede ser el único criterio a la hora de firmar un contrato con la Administración. Se deben introducir elementos sociales. Los estados y las regiones con competencias en política social tienen dos años para hacer la trasposición de la directiva. Esto será en abril de 2016. Fíjate hasta qué punto condiciona el hecho de no tener un gobierno. De esto dependen todos los servicios concertados con el tercer sector social.

¿Ha sido sufcientemente combativa la Taula del Tercer Sector en asuntos como la pobreza energética? Nunca somos suficientemente beligerantes. Otra cosa es si tenemos fuerza para serlo. Cuando se planteó el fondo para combatir la pobreza energética, que se cuantificó en diez millones de euros, una de las demandas que hicimos es que parte de estos fondos deberían venir de las suministradoras. Y al final, el redactado solo instaba a que viniera preferentemente de las compañías. No hemos hecho fuerza para que las empresas incrementen su responsabilidad social. En la situación en la que estamos deberíamos ser mucho más beligerantes. Hay otro elemento que también ha repercutido en los programas sociales: las obras sociales de las cajas. Nos hemos cargado el sistema de las cajas, pero nadie habla de la función social que tenían, pese a todas las cosas que se hicieron mal. Dos mil millones de euros al año de las cajas iban a obra social

A pesar de todas estas carencias, el tercer sector está muy vivo. Es organizativamente muy potente. Ahora estamos en un punto de cambio. El tercer sector social crecerá, la economía social también, los servicios de atención a las personas también, y nosotros hemos de tener la suficiente fuerza y estar suficientemente organizados para influir más. Esto quiere decir, obviamente, no perder la relación con el sector público. Pero a diferencia de lo que había pasado en estos años, también hemos de saber encontrar alianzas en el sector privado. La fotografía de que las entidades sociales son muy dependentes de la Administración no es cierta. Diría que es al revés. La Administración necesita un tercer sector social que esté mucho en el territorio, trabajando con los usuarios, con la ciudadanía, y haciéndolo de manera comunitaria. Con el sector privado, pero también con las escuelas, con los vecinos, con el sistema sanitario…

¿Qué objetivos tiene la nueva dirección de la Taula del Tercer Sector? El objetivo general es poder pasar de una actividad de emergencia social, de políticas paliativas, a hacer políticas transformadoras y de intervención real y preventivas.

¿Estas actuaciones de emergencia han suplido a los gobiernos? El sistema que tenemos de concertación social nunca ha pretendido comerse al contrario. En Catalunya el sector social ha sido muy fuerte porque la iniciativa privada con interés social también ha sido muy fuerte. El problema es que estos años nos han dicho que no se podían generar déficits públicos. ¿Qué han hecho las administraciones? Han recortado normalmente en el ámbito social en nombre de unas políticas de austeridad, de contención, de reducción del gasto, llámalas como quieras. Pero el servicio de la atención a las personas seguirá creciendo y nosotros hemos de poder hacerlo compatible con los derechos universales que se han de garantizar desde la Administración. Delante de situaciones de emergencia social, la iniciativa privada ha acabado dando respuesta. No podemos ofrecer los mismos servicios con las limitaciones y dificultades que teníamos. El sector público ha de ver que ha de situar las políticas sociales en el centro y de la manera más eficaz. No podemos quedarnos con unos modelos antiguos en el momento en que la sociedad ha cambiado.

¿Somos ahora más solidarios? Creo que el cambio más importante que ha habido en los últimos años es el cambio en la conciencia de la gente. Se es mucho más receptivo a proyectos de ámbito social y se es más consciente de la importancia que tienen. Un cambio de conciencia es evidente. Ahora hay mucho interés mediático, político, por el ámbito social. Solo hay que ver que las personas responsables del ámbito social tienen más tendencia a ocupar responsabilidades más grandes en las administraciones públicas. Si esto se traducirá en más implicación de los ciudadanos, que es lo que me gustaría, todavía es pronto para valorarlo.