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CRISIS HIPOTECARIA

La actuación preventiva de los servicios sociales evita situaciones traumáticas en los procesos de desahucio

Barcelona pone sobre la mesa la necesidad de revisar la interpretación del protocolo para velar por su buen funcionamiento

El Periódico

Oficina de la Vivienda de Barcelona.

Oficina de la Vivienda de Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

En situaciones de pérdida de la vivienda, los servicios sociales municipales y el servicio de vivienda se encargan de ofrecer atención, mediación y acompañamiento a las familias afectadas. Actuar con tiempo y estar informados son acciones clave para garantizar la eficacia del protocolo, pero las cifras del 2018 indican que el 80 % de las notificaciones recibidas se encontraban en la fase final o en el día del desahucio, un hecho que dificulta las actuaciones preventivas.

Las actuaciones preventivas permiten detener los desahucios, representan un ahorro económico muy significativo para la Administración y también se convierten en una vía mucho menos angustiosa para las familias, más efectiva para los servicios municipales que actúan y menos lesiva para los propietarios, ya que el Ayuntamiento puede activar desde el primer momento ayudas para impedir el impago de la vivienda o para facilitar la entrega del piso.

Por eso el Ayuntamiento ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un nuevo protocolo que permita la actuación de los servicios sociales desde el inicio de los procesos judiciales por desahucio con el fin de poder acompañar mejor a las personas que lo necesitan.

La crisis hipotecaria

En el año 2012, con la crisis hipotecaria, se activaron todas las alarmas para hacer frente al problema, y en el 2013 el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), y el Ilustre Colegio de Procuradores del Tribunales de Barcelona firmaron un protocolo para unir esfuerzos, colaborar institucionalmente y agilizar el acceso de la ciudadanía afectada por procesos de desahucio al catálogo de servicios sociales y a las posibilidades de acción para evitar riesgos y también para proporcionar garantías a la comisión judicial con respecto a su tarea.

El protocolo definía toda una serie de situaciones de riesgo social en las cuales las partes se comprometían a comunicarse la información necesaria en cualquier fase de tramitación del procedimiento judicial, con el fin de activar los servicios sociales y otros equipos municipales de cara a tomar las medidas que pudieran minimizar este riesgo.

La experiencia con este protocolo de los equipos del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en evidencia la necesidad de ir más allá en la colaboración institucional, motivo por el cual el Gobierno municipal puso sobre la mesa la necesidad de revisar la interpretación del protocolo para velar por su buen funcionamiento.

Los desahucios con fecha abierta 

Con respecto a los lanzamientos con fecha abierta, que son aquellos que no tienen una fecha fijada de ejecución y que generan un impacto mucho mayor en las familias que los sufren, los letrados consistoriales han recordado que vulneran compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado español, y han alertado de que se han incrementado a lo largo del 2018.

Las ocupaciones con actividades ilícitas

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprovechado también para poner sobre la mesa la necesidad de establecer un protocolo específico y nuevo para actuar ante las ocupaciones de edificios que el Ayuntamiento califica “perniciosas”. Se trata de ocupaciones que, en general, afectan a diversas viviendas de un mismo inmueble, pisos en los cuales se desarrollan actividades ilícitas.

Se plantea la necesidad de intervenir en este tipo de ocupaciones y acumular así las causas para que las órdenes de lanzamiento de los diversos procedimientos se puedan ejecutar conjuntamente en la misma fecha.