Ahora, el Consulado está en el epicentro del último golpe diplomático de Israel contra España y sus relaciones con Palestina; una represalia por el reconocimiento del Estado palestino anunciado por Pedro Sánchez y por las declaraciones de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, asegurando que Palestina “será libre desde el río hasta el mar”. Un eslogan controvertido que, para Tel Aviv, significa la destrucción de Israel. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha dicho en un mensaje en X (en español, inglés y hebreo) que va a “cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos y prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Judea y Samaria”. [Judea y Samaria es la denominación israelí para Cisjordania, un territorio que el Likud (el partido de Katz y del primer ministro, Benjamín Netanyahu) quiere arrebatar a los palestinos y defiende, en su acta fundacional, que “entre el mar y el Jordán solo habrá soberanía israelí"].
Una medida limitada por la Convención de Viena
La medida de represalia contra el consulado es considerada como algo inédito y de difícil implementación por dos diplomáticos consultados, con experiencia consular y en Israel.
Para empezar, en la Jerusalén ocupada viven 360.000 palestinos con libertad de movimiento por la ciudad. “No puedes decir: aquí van a entrar los judíos, pero no los palestinos. Impedir el acceso a un tipo de población a un consulado iría contra la Convención de Viena de 1963 de relaciones consulares”, explica uno de los diplomáticos. ”Sí puedes decidir cerrar la oficina, con lo que España cerraría una oficina en reciprocidad”.
El resto de los palestinos viven en los territorios ocupados de Gaza (2,2 millones aproximadamente) y Cisjordania (2,5 millones).
Los de Gaza tienen prohibida la entrada en Israel y no pueden llegar por lo general al Consulado español en Jerusalén que debería atenderles.
Israel puede impedir el acceso a los de Cisjordania. Pero también supondría una violación de la Convención de Viena el que se prohibiera a España atender a los hispano-palestinos que viven en Cisjordania, apunta el segundo miembro de la carrera. Este texto internacional establece que se permitirá “prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas”. El requiebro podría ser que, según esa convención, prima la nacionalidad del país en el que se encuentra el nacional (por ejemplo, un hispanoestadounidense es primero estadounidense en Estados Unidos). Pero eso sería de dudosa aplicación en tanto que Palestina no es considerada por Israel como un Estado.
Más sencillo sería para el Gobierno israelí impedir la entrada de los 2,5 millones de palestinos no españoles en Jerusalén Este, porque para llegar necesitan pasar uno o varios puestos de control (checkpoints). Por ejemplo, a los que quieran pedir un visado para viajar o tramitar una herencia o un matrimonio. Israel limita ya drásticamente el movimiento de entrada de esos palestinos, y la situación se ha agravado desde que comenzó la guerra en Gaza. “Básicamente, ahora vivimos encerrados en Ramala. No solo por los puestos de control, sino porque por seguridad, ante los ataques de los colonos israelíes, preferimos estar en una gran ciudad”, explica una palestina que vive en la “capital de facto” palestina.
Impedir el paso a los españoles
También podría decidir el Gobierno de Benjamín Netanyahu apretar a las ONG españolas que operan en Cisjordania, y que están bajo la circunscripción del Consulado en Jerusalén. “Podrían impedir o dificultar el paso hacia Cisjordania de los diplomáticos españoles que tienen que tratar con la Autoridad Palestina y han de pasar por los checkpoints con el pasaporte diplomático”, explica un funcionario español con experiencia en el lugar. “Pero sería algo claramente inamistoso, y en contra de lo que ocurre hasta ahora, que suelen pasar con facilidad”.
El anuncio hecho por Israel puede ser más bien un golpe de efecto contra las declaraciones de Yolanda Díaz que una represalia diplomática real, aunque los efectos tendrán que verse en los próximos días sobre el terreno.
Israel tiene aún mucho arsenal en la recámara por si quiere escalar el choque diplomático. Las medidas que ha tomado hasta ahora son bastante estándar: llamar a consultas a su embajadora y convocar a la de España allí para una reprimenda. Está aún por debajo de las represalias que ha tomado España contra el Gobierno de Javier Milei por los insultos a la esposa de Pedro Sánchez. Podría, en efecto, retirar definitivamente a la embajadora (o no enviar al que va a sustituir a la actual en julio, Zvi Aviner-Vapni); exigir visados para entrar en el país (por el momento ni Israel se lo pide a los españoles ni España a los israelíes); cerrar la delegación y cortar relaciones; o, en otro ámbito, imponer alguna sanción a las empresas que operan allí, por ejemplo la vasca CAF que construye el tranvía de Jerusalén.
Por el momento, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha adelantado que el Gobierno protestará ante el israelí por la decisión de impedir que el Consulado General en Jerusalén atienda a los palestinos de Cisjordania, al tiempo que ha negado que en el Ejecutivo español haya "antisemitas".
Mientras, según ha podido saber este diario, frente a la Embajada española en Tel Aviv hay un pequeño grupo de israelíes agradeciendo a España el reconocimiento de Palestina como Estado.
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