La UE refuerza su arsenal para frenar la trata de personas en Europa

Cada año más de 7.000 personas --en 2022 fueron incluso más de 10.000-- son víctimas de la trata de seres humanos en Europa, la mayor parte con fines de explotación sexual pero también por motivos laborales, mendicidad forzosa e incluso embarazos forzados. Un dato que podría ser solo la punta del iceberg dado que muchas de las personas afectadas, particularmente mujeres y niñas, aunque también cada vez más hombres, pasan bajo el radar de las autoridades sin ser detectadas. En los últimos años la Unión Europea (UE) ha adoptado medidas para reducir la demanda, romper el modelo de negocio de las organizaciones criminales y apoyar a las víctimas, pero la amenaza sigue siendo elevada y preocupante.

Una reforma de la directiva para prevenir y luchar contra la trata de seres humanos, avalada esta semana por el Parlamento Europeo --falta la rúbrica final del Consejo--, permitirá reforzar el arsenal europeo y endurecer el marco legal para estrechar el cerco a una actividad delictiva que genera hasta 14.000 millones de euros anuales, según Bruselas; que se aprovecha de la pobreza, los conflictos, las crisis humanitarias, la desigualdad o la violencia de género; y cuya erradicación se ha convertido en una "prioridad" para la Unión Europea. "Lo que vamos a tener es un enfoque europeo mejor y más eficaz. Lo que hacemos es subir el listón", celebra la comisaria de interior, Ylva Johansson, sobre la actualización de la ley del año 2011 que se había quedado obsoleta.

"Todos estos años estamos viendo que se hacía cada vez más sofisticada, sobre todo en su dimensión 'on line'. Todos los procesos de captación y demandas eran cada vez más sofisticados y nuestros medios cada vez más rudimentarios e ineficaces para detectar y perseguir esta barbarie y proteger a las víctimas", explica a EL PERIÓDICO la eurodiputada de Sumar y ponente del informe del Parlamento Europeo, Maria Eugenia Rodríguez Palop, aprobado por una aplastante mayoría de 563 votos a favor y con el único voto en contra de 7 eurodiputados y 17 abstenciones.

Vientres de alquiler

La nueva norma amplía la lista de crímenes cubiertos por la legislación para añadir --a la explotación de la prostitución y explotación sexual, trabajos forzados, incluida la mendicidad y la esclavitud, la servidumbre, o la explotación de actividades delictivas y la extracción de órganos-- el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la explotación de la gestación subrogada, que quedarán explícitamente bajo la definición de lo que se considera trata de seres humanos.

"Es un texto ambicioso, no es superficial ni menor", insiste la ponente en relación a una problemática generalizada que afecta tanto a europeos como extranjeros. La consecuencia, una vez que el Consejo ratifique el acuerdo y los Estados miembros traspongan la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales en un plazo máximo de dos años, es que los 27 gobiernos de la UE, tendrán que penalizar como casos de trata también este tipo de conductas.

"En España, una pareja violó a una migrante extremadamente vulnerable para que se quedara embarazada a cambio de 20.000 euros porque la inseminación artificial era más cara. La Fiscalía entendía que era un caso de trata, pero tenía dificultades para encajar la conducta en la gestación subrogada. Se pagaba por violar y robar un bebé", pone como ejemplo la eurodiputada española. Con la incorporación de la penalización de la maternidad subrogada este tipo de casos quedarán cubiertos y se castigará a quienes coaccionan o engañan a una mujer para que actúe como vientre de alquiler.

Delitos agravados

Los nuevos supuestos, lo mismo que los actuales, serán castigados con una pena máxima de al menos 5 años de cárcel o al menos 10 en caso de delitos agravados. Por ejemplo, como agravante la directiva incorporará la trata de seres humanos cometida o facilitada a través de tecnologías de la información y la comunicación, incluidos internet y las redes sociales. Esto incluye el hecho de que el autor haya difundido o facilitado la difusión de imágenes, vídeos o material similar de carácter sexual que implique a la víctima. Los gobiernos europeos también tendrán que aplicar sanciones obligatorias contra empresas responsables de la trata como la exclusión de prestaciones públicas, del acceso a licitaciones o el cierre de establecimientos en los que se haya cometido el delito.

Otra novedad es la criminalización de la demanda de servicios sexuales a sabiendas de que la persona es víctima de la trata. Es decir, los Estados miembros deberán considerar una infracción penal el hecho de que una persona utilice los servicios prestados por una víctima de trata de seres humanos a sabiendas de que lo es. La directiva no fija el tipo de sanciones, pero estas tendrán que ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. “Sabemos que en muchos clubes de alterne y prostíbulos hay víctimas de trata, no solo personas que ejercen la prostitución libremente. No hay controles sobre el modo en el que se ofrecen esos servicios sexuales ni quien los ofrece ni en qué condiciones”, explica Rodriguez Palop.

Recogida anual de datos

La nueva ley no solo ayudará a proteger mejor a las víctimas, con medidas de acompañamiento obligatorias como la creación de refugios y alojamientos seguros, sino que obligará a las autoridades a realizar una radiografía exacta del problema al hacer obligatoria la recogida de datos y la entrega a Bruselas de un informe anual. "Se habla de unas cifras que son completamente aproximadas. No hay cifras fidedignas de estas cosas. En frontera sabemos que hay un nicho para conseguir personas-mercancía de todo tipo, tanto para explotación sexual como para explotación laboral" pero "como ha pasado con las violencias (contra la mujer) tenemos estadísticas muy deficientes", apunta Rodríguez Palop.

"Miles de personas caen cada año víctimas de la explotación de personas y de tráficos ilícitos. El 70% son mujeres y el 70% son víctimas de explotación sexual. El otro 20%, laboral. Del 70% que son víctimas de explotación sexual, el 20% son menores. Estamos ante un paisaje brutal", admite también el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. Según los datos que maneja la Comisión, la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la forma más frecuente, con mujeres y niñas como principales víctimas (una de cada cuatro víctimas es menor y el 75% son niñas), y los sectores de alto riesgo, la prostitución, las agencias y servicios de acompañantes, la industria de la pornografía, los servicios de masajes o los clubes nocturnos.

Explotación laboral

En los últimos años también ha aumentado la trata con fines de explotación laboral que afecta particularmente a hombres (66% frente a un 34% de mujeres) tanto de origen europeo como extranjero. "Entre 2008 y 2022, Portugal registró un aumento del 107% en este tipo de delitos. Desgraciadamente, en el Alentejo quienes trabajan la tierra son, la mayoría de las veces, ciudadanos inmigrantes de países como Nepal, Bangladesh, Bulgaria, Rumania, Moldavia, Ucrania, la India, Senegal, Pakistán o Timor Oriental atraídos a Europa con falsas promesas por redes criminales”, explica Anabela Rodrigues, del Bloco de Esquerda portugués.

Según el último informe publicado en diciembre de 2022 por la Comisión, las formas de trata de seres humanos distintas a la explotación sexual y laboral representan el 11% de todos los casos. En el caso de la delincuencia forzada y la mendicidad forzosa representaban en 2020 el 3% de todos los casos mientras que la trata con fines de extracción de órganos y de fraude en la percepción de prestaciones sociales supusieron el 1%. Otros datos recogidos en el informe apuntan a que el 47% de las víctimas de trata de seres humanos con fines de mendicidad forzosa eran menores.