Hong Kong aprueba una polémica nueva ley de seguridad que refuerza la represión

Cuando el gobierno hongkonés aireó en 2003 que preparaba una ley de seguridad, la inmediata manifestación de medio millón de personas le convenció de guardarla en el cajón. La ha aprobado esta tarde en un proceso tan veloz como armonioso, sin un lamento en las calles. Cuesta reconocer a esta Hong Kong en aquella, repartidos los activistas entre el exilio y la cárcel, blindado el Parlamento de voces discordantes y cerrados los medios de comunicación hostiles.

No abundan los precedentes de una ley tramitada con tantas prisas. Tras el preceptivo mes de consulta popular ha sido hoy aprobada por unanimidad por los 70 miembros del Legco o Legislativo hongkonés. Una reforma legal de 2021 que exigía credenciales “patriotas” a los parlamentarios purgó a la fragorosa oposición. “Es un momento histórico para Hong Kong”, ha clamado John Lee, jefe del Gobierno y el más entusiasta impulsor de la iniciativa.

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La ley castiga los delitos de traición, insurrección y sabotaje con penas que alcanzan la cadena perpetua. También alarga de dos a siete años de cárcel la sedición y prevé diez si media la colusión con fuerzas extranjeras. La policía podrá detener a los sospechosos durante dos semanas, frente a los dos días anteriores, y algunos juicios sensibles se celebrarán a puerta cerrada, siguiendo la casuística del continente.

Choque con China

La ley llega con casi tres décadas de retraso. Estaba contemplada en el artículo 23 de la Ley Básica aprobada cuando la excolonia regresó a la madre patria tras siglo y medio de colonialismo británico. A China siempre le desesperó la pereza hongkonesa para concretar aquella orden incluida en la mini constitución que rige las relaciones entre la isla y el interior. La paz social, sin embargo, no la hizo urgente. El cuadro cambió con las violentas protestas de 2019, nacidas en una ley de extradición que los hongkoneses veían como un puente entre los dos ordenamientos jurídicos, y que semanas después mutaron en reclamaciones estructurales. Tras un año de caos y destrucción, el parlamento chino cocinó una ley de seguridad que envió a Hong Kong para sofocar la insurrección. Funcionó. La inclusión de delitos como la secesión, la subversión o el terrorismo con penas que alcanzaban la cadena perpetua devolvió la paz a un territorio que se asomaba al precipicio.

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Hong Kong ha pasado de carecer de ley de seguridad a solaparlas. La aprobada hoy complementará a la anterior, concretará conceptos vagos como espionaje o secretos de Estado, modernizará la jerga de la legislación colonial y resolverá el embrollo legal que acostumbra a ralentizar los procesos relacionados con la seguridad nacional.

“Ya no tendremos que preocuparnos de que fuerzas quemen Hong Kong hasta los cimientos, destruyan instalaciones públicas, tiren cócteles molotov, provoquen incendios o golpeen a residentes con opiniones diferentes”, ha aclarado hoy Lee. Todo eso abundó durante aquellas protestas catalizadas por el comprensible rencor al creciente intervencionismo de Pekín en sus asuntos propios pero también por el desprecio y odio supremacista de los hongkoneses a sus compatriotas del interior, desdeñados como nuevos ricos y sin su refinamiento británico. No era raro que las madres recomendaran a sus hijos que utilizaran el cantonés o el inglés, pero nunca el mandarín, para ahorrarse las palizas.

Sanciones de EEUU

La deriva legislativa ha inquietado al mundo y provocado las sanciones de Estados Unidos. No es improbable que Washington amplíe los castigos pero el Parlamento hongkonés no parecía preocupado esta tarde. “Tenemos que legislar para proteger la seguridad de nuestro país y de Hong Kong. Lo que tenga que venir, vendrá. No nos importa”, ha zanjado Andrew Leung, presidente de la cámara.

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El impacto de la nueva ley “dañará aún más los derechos y libertades” en la excolonia, ha opinado David Cameron, secretario de Estado del Reino Unido para Asuntos Exteriores. “Las amplias definiciones de la seguridad nacional y de las interferencias externas añadirán complicaciones a los que viven, trabajan y hacen negocios en Hong Kong”, ha añadido.