Represión china
Los detenidos por el asalto al Parlamento de Hong Kong se enfrentan a penas de hasta cadena perpetua
Adrián Foncillas
Periodista
Entraron a la fuerza, pintarrajearon las paredes y causaron destrozos con saña. Aquellas cuatro horas del 1 de julio de 2019 que duró la toma del Parlamento, el mayor desafío en décadas en China, condujeron las protestas, hasta entonces admirablemente pacíficas, a una vía violenta que ya no abandonarían. Esta mañana, casi cuatro años después, 13 de los cientos jóvenes que tomaron el 'Legco' --Parlamento hongkonés-- se han sentado en el banquillo. Sobre ellos pesa la acusación de disturbios. Los siete que se han declarado culpables se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel. La Fiscalía ha añadido a los seis restantes los cargos de entrada ilegal y daños criminales que elevan la pena máxima a la cadena perpetua. Althea Suan, del primer grupo, escribió en Facebook en la víspera: "Nunca me he arrepentido de mi lucha por la libertad, la justicia y la democracia... Mis pensamientos seguirán libres mientras esté en la cárcel".
El mediático asalto tuvo lugar en el aniversario del fin de la colonización británica, un día marcado en rojo por el movimiento autodenominado prodemocrático que había protestado durante semanas contra la ley de extradición. La multitud apostada frente al Parlamento atacó las barreras y las puertas con barras de acero, ladrillos y carritos de supermercados. Sus embates terminaron por resquebrajar una puerta mientras al otro lado miraban los antidisturbios, quienes se retiraron tan pronto entró la turbamulta para evitar el choque. Los jóvenes, ataviados con sus icónicos cascos amarillos y camisetas negras, camparon a sus anchas. En el Salón de Plenos desplegaron una pancarta colonial británica y escribieron en la pared "Hong Kong no es China".
ADN por las huellas dactilares
El Gobierno permitió un día después a los medios internacionales, EL PERIÓDICO entre ellos, que entraran a las instalaciones para comprobar el pillaje y el vandalismo. Todos los retratos de los líderes de la isla, excepto los de la era colonial, recibieron pintura. Los asaltantes destrozaron ordenadores y televisores, cortaron los cables de las salas de control y tiraron muebles y documentos en las oficinas. La Cámara principal recibió el mayor castigo, especialmente los asientos de la bancada prochina. Los jóvenes habían tapado las cámaras del circuito interno y muchos cubrieron su rostro pero olvidaron enfundarse los guantes y la policía destinó todos sus recursos a identificar su ADN.
La maquinaria judicial avanza, tan lenta como inexorable, contra los detenidos en aquellos convulsos meses. Una decena de radicales involucrados en la fragorosa batalla de la Universidad Politécnica fueron sentenciados en mayo a penas de hasta cuatro años y diez meses. Aquel asedio no fue menos mediático que el asalto parlamentario. Miles de jóvenes se hicieron fuertes en el centro educativo y repelieron durante horas a la policía con cócteles molotov y otros artefactos explosivos, ladrillos lanzados por catapultas improvisadas y flechas prendidas en fuego. La pierna de un agente fue atravesada por una de ellas y el visor de otro fue destrozado por una barra metálica sin que milagrosamente el policía sufriera daños.
Las protestas que azotaron la excolonia en 2019 pasaron de reclamar la anulación de la ley de extradición a un conjunto de reformas políticas. También pasaron de las manifestaciones pacíficas al tenaz vandalismo. El movimiento acabó con el envío desde el Parlamento pequinés de una Ley de Seguridad Nacional que agravaba las penas para los delitos de disturbios, estrangulaba la pluralidad política y frenaba las interferencias de fuerzas extranjeras.
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