Julian Assange se aferra a su última oportunidad ante la justicia británica para evitar la extradición a Estados Unidos

El periplo judicial del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en el Reino Unido podría llegar pronto a su fin. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales inicia este martes una audiencia para decidir si da vía libre a la extradición de Assange a Estados Unidos, donde se enfrenta a una condena de hasta 175 años de cárcel por revelar miles de documentos clasificados del Pentágono sobre las guerras de Irak y de Afganistán. La defensa del periodista, que se encuentra en prisión provisional desde 2019, ha alertado del riesgo que la extradición puede suponer para su salud física y mental y ha acusado al Gobierno estadounidense de no ofrecer suficientes garantías para su seguridad. 

Stella Assange, esposa y abogada del activista, ha calificado los procesos judiciales contra su marido como un "movimiento mafioso" y ha recalcado que suponen un ataque claro contra la libertad de expresión. "Denunciar los crímenes de Estado no es un delito", recordó la abogada la semana pasada en una rueda de prensa con los corresponsales extranjeros en Londres. La defensa tiene previsto basar sus argumentos en los supuestos intentos de asesinato contra Assange, instigados por la CIA y por su director entre 2017 y 2018, Mike Pompeo, para demostrar que la vida del activista corre un serio peligro en caso de ser extraditado. 

El Teatro Gaudí estrena una obra basada en el caso del periodista encarcelado Julian Assange

Acuerdo de extradición

Además del riesgo para su salud física y mental, la defensa considera que la entrega de Assange a Estados Unidos supondría una violación del artículo 4 del tratado de extradición firmado con el Reino Unido, que prohibe las devoluciones por "delitos políticos". En caso de que los jueces den por válidos estos argumentos, el fundador de Wikileaks podrá proseguir con el recurso de apelación ante los tribunales británicos, mientras que una sentencia contraria acabaría con todas las opciones legales en el Reino Unido y le obligaría a presentar recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que podría detener temporalmente su extradición con la aplicación de la norma 39.

Assange, de nacionalidad australiana, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia, país que le reclamaba por un caso de abuso sexual que fue finalmente archivado. Siete años después, en 2019, el país sudamericano le retiró la protección y fue detenido por la policía británica, que le trasladó poco después a la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde permanece en la actualidad a la espera de que se decida su extradición a Estados Unidos por una supuesta vulneración de la ley de Espionaje de ese país. En caso de confirmarse, sería la primera vez que un periodista es juzgado por quebrantar esta norma. 

Respuesta internacional

Las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras (RSF), han condenado lo que consideran un ataque contra la libertad de prensa y han reclamado a Estados Unidos que retire los cargos contra él. "Sigue estando en manos del Gobierno estadounidense poner fin a esta tragedia judicial retirando el caso contra Assange, que ya dura 13 años, y poniendo fin a esta persecución sin fin. Nadie debería sufrir semejante trato por publicar información de interés público", ha dicho este lunes la directora de campaña de RSF, Rebecca Vincent, a través de un comunicado.  

Cerca de una docena de países, ocho de ellos europeos, también se han opuesto a la extradición de Assange. Entre ellos Australia, cuyo Parlamento aprobó la semana pasada una moción para reclamar el cierre del caso y su regreso a su país de origen, en un intento por ejercer presión sobre el Gobierno estadounidense. Tanto el primer ministro australiano, Anthony Albanese, como el fiscal general, Mark Dreyfus, trasladaron su petición a sus homólogos en Washington en sendas visitas el año pasado, pero nada parece indicar que sus peticiones serán atendidas. Todo está en manos de los jueces británicos, que podrían anunciar su decisión esta misma semana.