Guerra en Oriente Próximo

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Un hombre palestino lleva el cuerpo de un niño después de que fue desenterrado de los escombros de un edificio luego de un ataque israelí en el área de Zawayda en la Franja de Gaza

Un hombre palestino lleva el cuerpo de un niño después de que fue desenterrado de los escombros de un edificio luego de un ataque israelí en el área de Zawayda en la Franja de Gaza / AFP

Ricardo Mir de Francia

Ricardo Mir de Francia

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Un grupo de prominentes figuras públicas de Israel ha acusado a las autoridades judiciales del país de ignorar los reiterados llamamientos al genocidio en Gaza realizados por una larga lista de ministros, diputados, militares y líderes de opinión. En una carta enviada al fiscal general del Estado, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los firmantes aseguran que desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás masacró a 1.200 personas en el Estado judío, el "discurso israelí ha estado marcado por la incitación abierta, flagrante y desenfrenada a cometer los crímenes más graves que se puedan imaginar contra la población civil de la Franja de Gaza". La carta no es una denuncia formal, sino un llamamiento al Ministerio de Justicia para que tome medidas contra este tipo de pronunciamientos y lleve ante la justicia a sus responsables.

La misiva de 11 páginas lleva la firma de antiguos diplomáticos como Alon Liel e Ilan Baruch, exdiputados como Mossi Raz, científicos como David Harel, periodistas como Akiva Eldar y Bradley Burston o académicos como Izhak Schnell. En total una quincena de figuras públicas, representadas por el abogado Michael Sfard, especializado en derechos humanos. "En Israel no ha habido absolutamente ninguna respuesta por parte de las autoridades", asegura Sfard a este diario. "Consideramos que esa política debe cambiar porque semejante incitación y retórica genocida se traducirá eventualmente en acciones". De momento, han muerto en Gaza más de 22.500 palestinos, la gran mayoría civiles, mientras dos millones de personas han sido desplazadas de sus hogares y el grueso de las infraestructuras del enclave han quedado destruidas.

La carta recopila algunos de esos pronunciamientos, aunque reconoce que no son más que una muestra de las "centenares de declaraciones semejantes realizadas por figuras públicas". En ellas se invoca abiertamente el "exterminio de millones de personas", la "limpieza étnica" de Gaza, la "expulsión masiva" de su población o la "destrucción hasta sus cimientos de ciudades enteras", de acuerdo con la misiva. Palabras que no han partido de figuras marginales en el discurso político, sino de altos cargos del Gobierno, diputados de la Knéset, prominentes rabinos o presentadores y comentaristas de televisión.

Llamamientos a la erradicación de Gaza

"Gaza debería ser aplanada y para todos ellos no debería haber más que una sentencia: la muerte", dijo el diputado del partido Poder Judío, Yitzhak Kroizer, a la radio israelí, días después que uno de sus correligionarios, el ministro Amichay Eliyahu, invocara un bombardeo nuclear sobre la Franja. La carta recoge también declaraciones de miembros del Likud, el partido de Binyamín Netanyahu, llamando a la expulsión masiva de los palestinos con "una Nakba inmediata para el enemigo" o destrucción del enclave "con bombardeos indiscriminados".

Varios ministros como Avigdor Liberman han insistido en que "no hay inocentes en Gaza", una tesis abanderada desde los medios por una cohorte de periodistas y comentaristas que se han dedicado a promover la venganza y el asesinato de civiles sin ninguna consideración por las leyes de la guerra. "Cada mujer es un monstruo. Todos los jóvenes aspiran a ser mártires. Cada bebé crecerá para ser un terrorista. Hay que eliminarlos, matarlos, destruirlos, aniquilarlos", escribió Yehuda Schlezinger, corresponsal político del diario 'Israel Hayom', en uno de los ejemplos recogidos por la misiva.

"La normalización de un discurso que llama a aniquilar, borrar, devastar y cosas similares puede influir en la forma en que los soldados se comportan", advierte la carta. Sus signatarios recuerdan que tanto la Convención contra el Genocidio de 1948, ratificada por Israel, como sus propias leyes nacionales tipifican la incitación al genocidio como un crimen. Y paralelamente subrayan que "infligir daño a personas inocentes a modo de venganza" entra dentro de la definición israelí de "terrorismo", mientras que otorgar "rasgos negativos a toda la población de Gaza" constituye "incitación al racismo".

Acusación ante la Corte Internacional de Justicia

"No solo el sistema de justicia no ha actuado al respecto, sino que ha optado por el silencio", dice la carta a modo de denuncia. Todo lo contrario a la actitud expeditiva adoptada por la Fiscalía y la policía israelí para arrestar y perseguir a ciudadanos anónimos por expresar en las redes cualquier comentario que pueda interpretarse como gesto de solidaridad con Gaza o apoyo al ataque terrorista de Hamás.

La misiva se envió al Ministerio de Justicia días antes de que Sudáfrica acusara formalmente a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, un organismo de Naciones Unidas con sede en La Haya encargado de dirimir disputas entre estados. "El procedimiento sudafricano deja claro a los funcionarios israelíes que su inacción tiene importantes consecuencias legales porque esas mismas declaraciones se están invocando para demostrar la intención genocida", asegura el abogado Sfard. "De modo que el asunto que hemos planteado no solo es un imperativo moral, sino que tiene implicaciones legales para Israel".

Estados Unidos también censuró esta misma semana los llamamientos a expulsar a los palestinos de Gaza, pero señaló únicamente a dos de los ministros más extremistas del Gobierno de concentración israelí (Itamar Ben-Gvir y Betzalel Smotrich), cuando esa opción es uno de los planes oficiales que baraja el Ejecutivo. Este mismo miércoles, el diario 'Israel Hayom' publicó que Netanyahu negocia con varios países, incluido el Congo, para que se hagan cargo de los palestinos del enclave. Una política de "reubicación voluntaria" que, según el diario, se está "transformando gradualmente en una de las políticas clave" del Gobierno.

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