Vigilancia en la frontera

Más de 100 oenegés denuncian "vacíos" en la regulación de la inteligencia artificial que podrían exponer a los migrantes

Frontex usa un programa para espiar a los migrantes que cruzan el Mediterráneo

La UE desarrolla un controvertido sistema para predecir migraciones con ayuda catalana

Un grupo de migrantes marroquíes en las inmediaciones de la valla de Ceuta, a 17 de mayo de 2021.

Un grupo de migrantes marroquíes en las inmediaciones de la valla de Ceuta, a 17 de mayo de 2021. / ANTONIO SEMPERE / EP

Carles Planas Bou

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El pasado 14 de junio, el Parlamento Europeo aprobó su posición sobre la Ley de la Inteligencia Artificial (IA), una regulación pionera en el mundo que prohibirá los usos de esta tecnología que supongan un alto riesgo. Es el caso de la vigilancia biométrica o la llamada policía predictiva, dos de los muchos sistemas que la propia Unión Europea (UE) ha ido desplegando en sus fronteras a lo largo de la última década para tratar de frenar, sin éxito, los flujos migratorios hacia el viejo continente.

Sin embargo, el texto no está cerrado y su versión definitiva podría suponer una amenaza aún mayor para las personas migrantes. Así lo apuntan más de un centenar de oenegés que han denunciado la presión ejercida por algunos Estados miembros —que negocian con la Comisión Europea el redactado final— para modificar la ley, limitar sus capacidades y mantener así el aparato levantado en el sur del continente.

"Estamos en un momento crucial porque los intereses de los Estados pueden vencer los de la Eurocámara y eso podría dejar desprotegidos a los migrantes", denuncia Caterina Rodelli, analista de la organización sin ánimo de lucro Access Now en una conversación telefónica con EL PERIÓDICO.

Estamos en un momento crucial. Si se imponen los intereses de los Estados, los migrantes podrían quedar desprotegidos.

Caterina Rodelli

— Analista tecnológica de Access Now

Tecnología en la frontera

La UE está empeñada en digitalizar sus fronteras. Entre 2014 y 2022, Bruselas ha invertido más de 250 millones de euros en el despliegue de puertas automatizadas, detectores de mentiras para los pasos fronterizos o enjambres de drones de vigilancia. También ha ayudado a financiar las cámaras de reconocimiento facial que España ha desplegado en Ceuta o un controvertido sistema de predicción de flujos migratorios mediante IA desarrollado en Catalunya. E incluso el SBMS, un sistema de detección biométrica que recopilará huellas digitales e imágenes faciales de más de 400 millones de ciudadanos de terceros países.

El presupuesto de la UE en seguridad irá a más. Se espera que, entre 2023 y 2027, la partida se dispare un 123%, alcanzando los 43.900 millones de euros. Las más beneficiadas por esta política son empresas privadas del ámbito militar y de seguridad, como Indra. La gestión fronteriza "se ha convertido en un negocio en toda regla patrocinado por el contribuyente europeo", según ha asegurado Eva Baluganti, experta de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos.

Opacidad y un "vacío legal"

Las oenegés denuncian que el Consejo Europeo —que representa a los 27 miembros del club comunitario— maniobra para que el texto final no inclya a estos sistemas, "impulsando la falsa narrativa que la policía los necesita para reducir la migración o detectar mejor a los criminales", apunta Rodelli.

Los activistas alertan de que los Estados también pretenden eximir a las autoridades fronterizas de cumplir con las obligaciones de transparencia. "Si eso sigue adelante no sabremos qué sistemas utilizan y cómo perjudican a la gente", añade la experta de Access Now. "Se está permitiendo la impunidad". La opacidad actual, aseguran, les impide saber qué Estados y qué compañías presionan al Consejo Europeo para que modifique el texto.

Si se adoptan algunos cambios la ley pasará a ser inútil y permitirá la impunidad de los Estados.

Caterina Rodelli

— Analista tecnológica de Access Now

La nueva ley europea categoriza la IA según su riesgo y cuanto mayor sea este más restricciones tendrá su uso. No obstante, el texto incluye en el Artículo 6 un "vacío legal" que permitirá a los desarrolladores ser quienes decidan si sus sistemas son peligrosos. "Si esto se aprueba la ley pasará a ser inútil, porque ninguna empresa venderá su producto diciendo que comporta riesgos", lamenta Rodelli.

Discriminación en las fronteras

Este negocio se ha externalizado en la región de Oriente Próximo y Norte de África como "campo de pruebas". La UE ha usado miles de millones de euros de los fondos de desarrollo para financiar proyectos que dotan a las fuerzas policiales y agencias migratorias de países como Argelia, Egipto, Libia y Túnez con tecnologías más potentes para, a priori, frenar la trata de personas. "A Bruselas no le importa que se trate de gobiernos poco democráticos o autoritarios", considera Rodelli.

El uso de IA en las fronteras podría ser contraproducente. Un reciente informe de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos apunta a que "contribuye activamente a la inestabilidad" de los países africanos, así como a "procedimientos fronterizos discriminatorios, amenazando el derecho de asilo, el derecho a abandonar el propio país, el principio de no devolución, así como los derechos a la intimidad y a la libertad".

La red de oenegés BVMN ha detectado que al menos 15 países, 10 de ellos miembros de la UE, habrían usado "nuevas tecnologías" para "perpetrar incidentes de desapariciones forzadas en las fronteras exteriores y de perseguir a los defensores de los derechos humanos que se dedican a vigilar esos delitos".

Más muertos

Añade, además, que la creciente inversión de la UE en tecnología militar "no detiene la migración, sólo la hacen más peligrosa y letal". En los primeros cuatro meses de 2023 hasta 441 personas han muerto tratando de llegar al continente a través del Mediterráneo central, la cifra más alta desde 2017, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. El número de víctimas desde 2014 asciende a más de 24.000.

La Ley de la IA es una de las máximas prioridades del Gobierno de España, que encabeza la presidencia rotativa de la UE. Su objetivo es que las negociaciones concluyan a finales de año para así cerrar un acuerdo antes de que termine su mandato. Sin embargo, la "gran distancia" entre las posiciones del Parlamento y del Consejo hace pensar que podría ir para largo. La balanza aún no se ha decantado.