Cámaras de vigilancia

Expertos denuncian el plan del Gobierno para usar cámaras de reconocimiento facial en la frontera de Ceuta y Melilla

  • Más de 40 organizaciones civiles alertan que el uso de Inteligencia Artificial puede acarrear discriminaciones y vulneraciones de derechos básicos

  • Interior ha destinado 4,1 millones de euros a desplegar una “frontera inteligente” frente a Marruecos, como establece el plan fronterizo de la Unión Europea

Expertos denuncian el plan del Gobierno para usar cámaras de reconocimiento facial en la frontera de Ceuta y Melilla
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Carles Planas Bou
Carles Planas Bou

Periodista

Especialista en Redes, algoritmos y la intersección entre política y tecnología

Escribe desde Barcelona

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El Gobierno de España trabaja desde hace meses en la construcción de una “frontera inteligente” que dote los puestos fronterizos que separan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de Marruecos con cámaras de reconocimiento facial. Aunque el plan del ejecutivo sigue las directrices marcadas por Bruselas, una red de organizaciones humanitarias y sociales ha denunciado este jueves que el uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) puede vulnerar los derechos fundamentales de quienes intentan poner un pie en territorio europeo.

Hasta ahora, a los ciudadanos extracomunitarios que quieren entrar en España se les recoge su información personal y un documento que acredite su identidad. El plan acordado en 2017 por la Comisión Europea complementa ese modelo con el uso de cámaras de reconocimiento facial que detecten los rostros de los viajantes, recaben cuatro huellas dactilares, registren las fechas y lugares de entradas y salidas y también los casos de denegación.

A finales de 2019, el Ministerio del Interior avanzó que el despliegue de esa nueva herramienta informática fronteriza tendría un coste de 4,1 millones de euros. Las obras debían finalizarse en un periodo de 24 meses que no se ha cumplido.

Riesgo de discriminación racista

Ese sistema es visto con preocupación por más de 40 organizaciones civiles especializadas en la defensa de los derechos digitales y en la protección de colectivos vulnerables como los migrantes. “La ‘frontera inteligente’ supone un peligro de discriminación y criminalización y la convierte en un nuevo dispositivo racista dentro del Estado español”, denuncia la carta conjunta publicada este jueves.

Y es que, lejos de ser perfectos, los sistemas de IA incurren en más errores de identificación con personas racializadas y con menores de edad, pues entrenan la precisión de sus algoritmos con datos mayoritariamente de personas caucásicas y adultas. Como se ha visto en los Países Bajos, esos errores pueden hundir la vida a miles de personas. “En Londres el reconocimiento facial ha llevado a la policía a retener a personas racializadas que a blancos. En las fronteras pasará lo mismo”, explica a EL PERIÓDICO Ana Valdivia, investigadora asociada en informática del King’s College de Londres y una de las impulsoras del comunicado.

Es por eso que las más de 40 organizaciones que denuncian esa medida piden que se permitan auditorías externas para detectar fallos del algoritmo e incorporar de forma sistemática a observadores de derechos humanos en los puestos fronterizos donde se apliquen esas cámaras. “Hasta ahora han rechazado las auditorias porque dicen que se trata de información sensible, pero no es cierto, se puede analizar la tasa de error según género, étnica o demografía sin exponer la privacidad de algoritmo”, añade Valdivia, doctora en IA.

Eficiencia y terrorismo

El principal argumento esgrimido para implantar la “frontera inteligente” es su supuesta eficiencia agilizando los controles fronterizos. Todos los datos almacenados se cruzarían con los registrados en los controles de identidad que hay en los puertos y aeropuertos españoles para comprobar así la coincidencia entre entradas y salidas. Dicho de otra forma, ese sistema de IA busca detectar de forma automática quién entra y sale del país y lanzar alertas si algún extranjero está en el espacio Schengen de libre circulación europea con su visado caducado. Esos datos se guardarían entre tres y cinco años y después deberían ser borrados. A pesar de esa promesa, fuentes gubernamentales señalaron a 'El País' que la frontera será más segura “pero de flujo menos ágil”.

La Unión Europea (UE) trabaja en una regulación que prohíbe los sistemas de reconocimiento facial al entender que tienen un “alto riesgo” pero los permite en casos excepcionales por seguridad, delitos o prevención del terrorismo, lo que abre la puerta a su uso en las fronteras. “Desde los atentados del 11-S se usa el pretexto del terrorismo para evitar la fiscalización de este tipo de medidas”, denuncia Valdivia. Las organizaciones firmantes piden eliminar esa excepcionalidad.

El comunicado también señala que la recopilación de los datos biométricos de personas vulnerables viola su privacidad y puede tener “consecuencias no deseadas”, como agilizar el traslado de solicitantes de asilo de un estado miembro de la UE a otro en contra de su voluntad. El Convenio de Dublín establece que los migrantes deben pedir asilo en el primer país europeo en el que entran, aunque sus familias residan en otro.

Reto fronterizo

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Marruecos cerró su frontera el 14 de marzo de 2020 forzada por la irrupción de la crisis del coronavirus. Tras casi dos años de cierre, se prevé que vuelva a abrirla durante la primera mitad de este año, aunque aún no hay una fecha concreta. La compleja situación de Ceuta y Melilla —sobre las cuales Rabat reclama su soberanía— llevó al ejecutivo de Pedro Sánchez a crear el pasado diciembre una comisión para estudiar el plan de reapertura de las fronteras, según avanzó ‘El País’. En esta comisión participan departamentos de Presidencia, Política Territorial, Interior, Asuntos Exteriores, Hacienda, Sanidad y el servicio secreto (CNI).

Además de la llamada “frontera inteligente”, la reapertura de las fronteras de Marruecos supone otros retos mayúsculos para el Gobierno español como son la situación comercial y económica de Ceuta y Melilla, la posibilidad de incluirlas en el espacio Schengen, la compatibilidad de las vacunas contra el covid-19 entre territorios o las peticiones de asilo y refugio.