El posible cierre del Gobierno de Estados Unidos en tres claves

Grandes agencias y departamentos federales del Gobierno de Estados Unidos podrían verse obligados a cesar temporalmente su actividad desde el 1 de octubre si el Congreso no aprueba una ley para extender su financiación. La clave la tiene el Partido Republicano, que controla la Cámara de Representantes, de la que debe emanar la propuesta. Hasta ahora el sector más a la derecha del partido y cercano al expresidente Donald Trump ha rechazado todas las propuestas del ala moderada, a la que mantiene en gran medida secuestrada debido a la estrecha mayoría con la que cuentan los conservadores. Si la extrema derecha impone su criterio, los funcionarios considerados "esenciales" permanecerán en sus puestos de trabajo, pero sin cobrar, mientras cientos de miles de trabajadores serán despedidos hasta que la disputa se resuelva.

¿POR QUÉ CERRARÍA EL GOBIERNO?

La mayoría de las 438 agencias gubernamentales reciben su financiación de una docena de leyes presupuestarias aprobadas anualmente por el Congreso. Si esas leyes no han superado el trámite antes del inicio del nuevo año fiscal, que comienza el 1 de octubre, las agencias que no han recibido financiación dejan de operar con normalidad. De ahí que se hable de cierre total o parcial del Gobierno. Por el momento este año no se ha aprobado ni una sola de esas leyes, por lo que el cierre afectaría a todo el aparato gubernamental.

Desde 1981 ha habido 14 cierres, según el Servicio de Investigación del Congreso, muchos de los cuales duraron sólo uno o dos días. El más reciente fue también el más largo: duró 34 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019 debido a una disputa sobre la seguridad fronteriza. En un cierre parcial anterior, que se prolongó durante 16 días en 2013, casi 850.000 trabajadores, de los 2.1 millones con los que cuenta el Gobierno federal, perdieron temporalmente su trabajo, según la Oficina de Gestión y Presupuestos del Congreso.

Para evitar la parálisis burocrática y los trastornos que acarrean los retrasos en el pago de salarios a los funcionarios o de subvenciones a la ciudadanía, los legisladores optan a menudo por extender unos días la financiación mientras se sigue negociando.

¿CUÁL ES EL IMPACTO?

Cientos de miles de trabajadores federales podrían ser despedidos sin paga y una amplia gama de servicios podrían verse afectados. Desde los parques nacionales, a la expedición de pasaportes, la contratación pública o la investigación en los Institutos Nacionales de Salud. Otros servicios como Correos, las pensiones o los servicios públicos de Sanidad no corren peligro porque se financian mediante leyes que no deben ser renovadas anualmente.

Los cierres que duran sólo unos pocos días tienden a tener un impacto menor, particularmente si ocurren en fin de semana, pero la economía en general podría verse afectada si los empleados federales comienzan a perder sus nóminas después de dos semanas. En cualquier caso, existe un impacto directo sobre el crecimiento. De acuerdo con Goldman Sachs, el PIB perdería cerca de 0,15 puntos porcentuales por cada semana de parón, pero recuperaría lo perdido una vez que se resuelva el cierre. El cierre de 2018-2019 le costó a la economía alrededor de 3.000 millones de dólares, el equivalente al 0,02% del PIB, según la Oficina de Presupuestos del Congreso.

¿QUÉ FUNCIONES SE CONSIDERAN 'ESENCIALES'?

Cada departamento y agencia tiene un plan de contingencia para determinar qué empleados deben seguir trabajando sin sueldo por ser considerados "esenciales". El cierre de 2018-2019 suspendió a aproximadamente 800.000 de los 2,2 millones de empleados del Gobierno federal. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca no dijo cuántos se verían afectados esta vez. El plan de cierre del Departamento de Seguridad Nacional para 2022 exige mantener en sus puestos a 227.000 de sus 253.000 trabajadores, incluidos agentes de seguridad fronteriza y la Guardia Costera.

El Departamento de Justicia dijo en su plan de contingencia de 2021 que el 85% de sus 116.000 empleados se considerarían esenciales, incluido el personal penitenciario y los fiscales. Los litigios penales continuarían, aunque la mayoría de los casos de litigios civiles se suspenderían.

No está claro si los 63 parques nacionales de Estados Unidos permanecerían abiertos. Durante un cierre en 2013, la administración Obama cerró parques debido en parte a preocupaciones sobre la seguridad, perdiendo aproximadamente 500 millones de dólares. En el cierre de 2018-19, la administración Trump los mantuvo abiertos con baños públicos y mostradores de información cerrados y detuvo la eliminación de desechos. Algunos estados, como Nueva York y Utah, pagaron para que sus sitios permanecieran abiertos y con personal durante el cierre de 2018-2019. El Servicio de Impuestos Internos ha suspendido hasta el 90% de su personal en el pasado, pero todos sus empleados se consideran esenciales según su plan de contingencia actual. Todo el personal militar seguiría trabajando, pero aproximadamente 429.000 empleados civiles del Pentágono serían despedidos.